En sesión ordinaria del día de hoy, mediante tratamiento sobre tablas, con 28 votos a favor del rechazo, contra 3 por la aprobación, la Cámara de Senadores archivó el «Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II)», que fuera suscrito en Montevideo, Uruguay, el 20 de diciembre de 2011. La mayoría consideró que el documento resultaba inconstitucional y atentatorio a la soberanía nacional.
El senador Miguel Saguier, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, inició el debate señalando que el Protocolo riñe frontalmente con los preceptos constitucionales, especialmente con aquellos referidos a las relaciones exteriores del Paraguay.
Calificó de «irresponsables, fríos y ligeros» a los gobiernos del Mercosur firmantes del documento, y afirmó que contiene sanciones caprichosas y antojadizas, lo cual representa arbitrariedad, injusticia y un atropello severo a las leyes internacionales.
Por su parte, el senador Marcelo Duarte, de la Comisión de Legislación, destacó que las sanciones previstas contra los países donde se produzca una ruptura o amenaza de ruptura del sistema democrático solo serían aplicables contra un país mediterráneo como el Paraguay.
También, agregó que son los Ejecutivos de los países los que determinan o no el quiebre democrático en un estado parte, sin intervención de los respectivos congresos.
«Se trata de una cláusula perversa, que tuvo la complicidad de las autoridades del Paraguay que lo suscribieron», apuntó.
En tanto el senador Miguel Carrizosa, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, resaltó que hasta hoy sigue vigente el Protocolo Ushuaia I, el cual, al contrario del Ushuaia II, contiene disposiciones equilibradas en caso de ruptura del sistema democrático en los países firmantes.
«Al Paraguay le han aplicado Ushuaia II sin que esté vigente en Paraguay ni en el Mercosur», expresó.
Otros legisladores de distintas bancadas coincidieron en señalar las falencias del documento en cuestión, resaltando que resultaba atentatorio de la independencia y soberanía del Paraguay.
Incluso, Rogelio Benítez afirmó que la sola firma de un Protocolo de tales características por parte del entonces presidente Fernando Lugo constituía de por sí una causal válida para su destitución.
La senadora María Digna Roa, a su turno, calificó al ex mandatario como un «gran traidor a la Patria», por reclamar sanciones a su propia nación ante los países y organismos extranjeros.
La votación nominal arrojó el resultado de 28 votos por el rechazo, 3 por la aprobación, 1 abstención y 13 ausentes
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