La Central Nacional de Trabajadores (CNT) de Paraguay, ha desaprobado la intención que algunas fuerzas políticas han mostrado de participar en la huelga general que los sindicatos han convocado para el próximo 26 de marzo, pues «quieren utilizar la huelga como trampolín para otros objetivos».
Juan Torales, secretario general de CNT, ha alertado de que quienes quieren ser partícipes de la huelga son los mismos que hace poco formaban parte de gobiernos y administraciones que mal gestionaron los bienes del Estado, en referencia al Frente Guasú y Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El dirigente sindical ha calificado de «oportunistas y pescadores de río revuelto» a las fuerzas políticas que han querido adherirse a la huelga y ha precisado que han comunicado al Ministerio del Interior su desacuerdo ante esta situación, ha informado el diario paraguayo ‘Última Hora’.
Las quejas de la CNT responden a las últimas declaraciones que algunas fuerzas políticas han hecho en favor de la huelga. Así, desde el PLRA han solicitado que el día de la convocatoria sea considerado de asueto nacional para que puedan asistir todos los trabajadores posibles.
En ese sentido también se ha manifestado el Frente Guasú, cuyos representantes han criticado al Gobierno su acercamiento a las peticiones del sindicato tras ver como la huelga era convocada.
En un principio, la CNT fue el único sindicato obrero en confirmar su presencia en la huelga general, pero a lo largo de estos días otras agrupaciones gremiales se han sumado a los paros convocados. Así lo han hecho la Unión de Sindicatos de los Trabajadores del Transporte USTT), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), así como diferentes asociaciones campesinas y de funcionarios del Estado
REIVINDICACIONES DE LOS TRABAJADORES: La CNT, con el apoyo de otros sindicatos y agrupaciones, hizo públicas las reivindicaciones laborales por las que han decidido convocar una huelga general para el 26 de marzo. Entre ellas, está el eterno problema en la sociedad paraguaya del salario mínimo, fuente de varias disputas con el Ejecutivo.
Los trabajadores, que tienen que acudir al contrabando para completar las necesidades básicas, han rechazada la propuesta del Gobierno de subir en un 10 por ciento el salario mínimo y han sostenido que el reajuste del mismo debería ser del 25 por ciento.
En ese sentido se mueven el resto de peticiones. Los sindicatos exigen que los precios de los productos básicos estén regulados por ley; que se reduzca el precio del transporte público, al cual muchas familias destinan hasta el 30 por ciento de su salario; que los seguros sociales se amplíen a más sectores de la sociedad; y que la ley de Alianza Público-Privada (APP), una de las principales medidas del Gobierno de Horacio Cartes, sea suprimida ya porque busca la privatización de los recursos y servicios públicos del país.
(Notimérica/EP)
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