Facturas clonadas, compra de implementos agrícolas y alimentos que no llegaron a destino figuran entre las irregularidades detectadas por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) en el manejo de fondos públicos a manos de varias organizaciones campesinas.

También denunció la venta por 5,1 millones de guaraníes (unos 1.200 dólares en total) del aeropuerto de la localidad de Capitán Bado, ciudad fronteriza con Brasil, como si fuera un lote agrícola.

El dinero es parte del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible, entregado supuestamente para ayuda a productores. Estos y otros casos fueron denunciados ayer ante la Fiscalía.

Una serie de irregularidades en la utilización de fondos públicos por parte de varias organizaciones campesinas detectó el Indert mediante una intervención realizada en el Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides).

Según el informe, la Organización Nacional Campesina (ONAC), presidida por Gabino Medina y Nery Díaz Garcete, recibió de la institución en el 2013, G. 2.429.892.000 para apoyo a la agricultura familiar.

La organización, sin embargo, presentó como comprobante de gastos, facturas de empresas que nada tienen que ver con la venta de alimentos o implementos agrícolas.

Los interventores, además, detectaron un caso de clonación de factura, de la empresa Nuevo Horizonte. Entre los comprobantes aparecieron dos facturas con el mismo número 070, con valoraciones totalmente diferentes. La ONAC no presentó las planillas de distribución de bienes con la lista de los beneficiarios correspondientes, por un monto de G. 971.956.800.

Otra agrupación beneficiada con un importante desembolso fue la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), que tiene como secretario general a Luis Aguayo, y Liliana Velázquez como secretaria de finanzas.

La organización recibió G. 2.147.680.000, en cinco cheques emitidos por el Indert, de los fondos del Fides. Los interventores señalan que las mismas copias de actas de entrega fueron utilizadas como documentos de respaldo en las rendiciones de cuentas del segundo y quinto desembolso.

Además, se menciona por ejemplo que se adquirieron 463 sembradoras, pero no se entregó ninguna; 465 pulverizadoras y se entregaron únicamente 24, entre otras irregularidades. No se pudo comprobar la entrega de fertilizantes y se detectó una diferencia de G. 816.930.200 entre lo adquirido y lo entregado.

La Coordinadora Nacional de Mujeres (Conamuri) también recibió un desembolso de G. 180.251.000 y, según los interventores, la organización señala que el dinero se invirtió para ayudar a campesinos de Yasy Cañy, pero los supuestos beneficiarios negaron haber recibido asistencia.

Otra organización cuyos trabajos son cuestionados es la Asociación de Productores Agropecuarios (Anapa), presidida por Luis Gilberto Ruiz y María Ester Leiva. Este organismo manejó G. 1.428.245.395 de los fondos públicos.

Ruiz facturó en concepto de honorarios profesionales G. 27.500.000. También se detectaron otras irregularidades.

LA VENTA DEL AEROPUERTO: La venta fue realizada en octubre de 2012, cuando Luis Ortigoza presidía el Indert, una institución que está encargada de administrar tierras para la reforma agraria, en uno de los países con la mayor concentración de tierras del mundo.

La entidad explicó en un comunicado que en solo 15 días se tramitó la venta de la pista, de 10 hectáreas, a Alí Hatem Barakat, un hombre de 24 años de origen árabe, por 5,1 millones de guaraníes (unos 1.190 dólares, al cambio actual), usando un expediente «inexistente» en los archivos del Indert.

«El precio de mercado en esa zona fronteriza estratégica es de miles de dólares la hectárea», dijo Cárdenas, quien aseveró que hubo un «intento de fraude» y un manejo «absolutamente discrecional e irracional de los bienes públicos». El Indert logró revocar la venta porque aun no se había inscrito el lote ni en el registro público ni el catastro, explicó.

nandu