Es buena la decisión del oficialismo paraguayo, pero es necesario recordar que no hizo nada más que someterse a un mandato constitucional vigente, lo que no merece ser calificado como “acto de renunciamiento” ni mucho menos
Tres semanas después de que el pasado miércoles 31 de marzo se desencadenara en Paraguay una crisis política que estuvo a punto de retrotraer a ese país a los peores momentos de su aún frágil institucionalidad democrática, un paso atrás muy prudentemente dado por el presidente Horacio Cartes ha posibilitado el retorno a la normalidad.
Como se recordará, el 31 de marzo fue aprobado por 25 senadores un proyecto de enmienda constitucional para habilitar la postulación de Horacio Cartes a un segundo mandato presidencial para el periodo 2018 – 2023, a pesar de que tal posibilidad está expresamente prohibida en su actual Constitución Política del Estado. Tal pretensión provocó violentos disturbios y acciones policiales en las que murió un militante del Partido Liberal, el principal de la oposición.
A primera vista, el cambio de actitud de Cartes y el oficialista Partido Colorado puede ser visto como todo un modelo de conducta democrática, más aún si por estos días resulta tan fácil contrastarla con la tozudez con que en otro país de nuestra región, en Venezuela, Nicolás Maduro y la camarilla que lo rodea se empecinan en hacer escarnio de la legalidad aún a riesgo de sumir a su país en un baño de sangre.
Sin embargo, aunque sin negar cierto mérito a la decisión del oficialismo paraguayo, es necesario recordar que no hizo nada más que someterse a un mandato constitucional vigente, lo que no merece ser calificado como “acto de renunciamiento” ni mucho menos. Es bueno que haya cejado en su afán prorroguista, pero eso no lo libera de la culpa de haber intentado infligir un nuevo golpe a la todavía débil democracia paraguaya, más aún si hubo que llegar al extremo de contabilizar heridos y hasta un muerto como directo efecto de los enfrentamientos.
Igual de deplorable resulta la conducta del Frente Guasú, del expresidente Fernando Lugo, que hizo a un lado cualquier escrúpulo para unir sus fuerzas parlamentarias con las de una facción del Partido Colorado para aprobar, en una sesión extraordinaria y casi secreta de la Cámara de Diputados, el proyecto de enmienda constitucional. Y lo hizo con el único objetivo de obtener, a cambio de su apoyo a la repostulación de Cartes, el aval para postular nuevamente a Fernando Lugo, cuya candidatura está también prohibida pues la Constitución paraguaya establece un solo periodo de cinco años para los mandatarios, sin posibilidad de continuar tras su etapa al frente del país.
No es menos deplorable, pues dice mucho del grado al que ha llegado en Paraguay el deterioro de la institucionalidad republicana, es el hecho de que la carta mediante la que Cartes anunció “su acto de renunciamiento” no hubiera sido dirigida al Congreso, que era lo que correspondía, sino al titular de la Conferencia Episcopal Paraguaya, institución que por muy respetable que sea y cuya posición fue clave para este pacífico desenlace, no tiene atribución sobre los pleitos políticos de un país.
lostiempos.com (editorial 19-04)
N. d R. – Agreguemos que tampoco se hubiera reunido 25 senadores si el sector liberal liderado por Blas Llano, no hubiera aportado 8 votos de los suyos. Llano -en su momento- fue uno de los más férreos opositores a las aspiraciones luguistas de reelección. Pero en política hay a veces razones que la razón no entiende.
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NO SE QUIEN SOS SI CON ESO SE ALIVIA TU DOLOR HERMANO QUE EL BUEN DIOS TE BENNDIGA. Y NO TE OLVIDES QUE LA CONSTITUCION VIENE VIOLANDO AL PUEBLO DESDE 1870