El pueblo que quiere dejar de cultivar marihuana en Paraguay

A menos de 100 kilómetros de la frontera con Brasil, Abel Bernal, un campesino paraguayo de 20 años, utiliza las tres hectáreas de su terreno familiar para plantar marihuana. Cada día se levanta al amanecer y trabaja unas ocho horas en su campo.

La rica tierra colorada le ha dado en tres años cuatro cosechas de unos mil kilos cada una, cuenta Bernal (su nombre original ha sido modificado para resguardar su identidad). Y en cada ocasión vendió su producción por alrededor de 3000 dólares a compradores brasileños. Ellos son los visitantes más habituales de Kamba Rembé, un pueblo de unos cuatro mil habitantes conocido en la prensa local por las masivas incautaciones de cannabis que la policía realiza allí cada tanto, y que figura en los mapas oficiales como San José del Norte.

Bernal asegura que el 90 por ciento de los jóvenes de la comunidad se dedica a lo mismo que él.

“Los grandes narcos no existen en Kamba Rembé, esos están en otro lado”, explicó el joven campesino durante una visita a Asunción a finales de septiembre, cuando participó junto con un portavoz de su comunidad en un coloquio donde explicaron que, en realidad, lo que quiere la comunidad es dejar de cultivar marihuana.

“Desde que no hubo más alternativa me metí a cultivar y porque vi que algunos hicieron alguna platita. Si lo hacés bien, podés ganar en cuatro meses unos cinco millones de guaraníes (unos 900 dólares). Sacás esa platita y acá ya te crees el dueño del mundo, querés imitar a Pablo Escobar”, dice Bernal.

El kilo de marihuana en Kamba Rembé costaba unos 24.000 guaraníes (unos 5 dólares) en 2015 y ahora, según el joven campesino, cuesta casi la mitad en la misma zona. Eso a pesar de que la Secretaría Antidrogas de Paraguay (Senad) informó en julio que, desde 2013, ha erradicado un total de 6810 hectáreas de marihuana y ha decomisado 2289 toneladas de la droga picada en el país.

Hace dos años, después de uno de los cotidianos despliegues de la Senad y la Policía Nacional para quemar y cortar plantaciones de marihuana, en el pueblo de Bernal se produjo una protesta insólita: un millar de habitantes de Kamba Rembé (familias enteras, ancianos, niños, niñas y animales domésticos) salieron a recorrer los caminos polvorientos con pancartas.

No pedían la legalización del cannabis: pedían volver a cultivar mandioca o tomates en lugar de marihuana. Pero para eso necesitaban servicios públicos mínimos, inversiones del Estado en caminos, créditos agrícolas y reclamaban el fin de la represión policial.

El gobierno dice que acudió al llamado. La Secretaría de la Vivienda construyó 160 nuevas casas y ayudó a canalizar y destroncar tierras. Entregó sistemas de riego y telas para la sombra de las huertas. También introdujo la producción de gusanos de seda y entregó más de 40.000 plantines de tomate y otras plantas, pero buena parte de la cosecha se pudrió porque los productores no pudieron transportarla hasta ningún mercado principal, explica a The New York Times Francisco Larrea, docente de uno de los dos colegios de Kamba Rembé.

“Pensamos que íbamos a comenzar un proceso con el Estado de mecanización de tierras, de mejora de la cadena de valor, pero no ocurrió”, dijo Larrea en Asunción como portavoz de la comunidad, durante el coloquio sobre las consecuencias del cultivo del cannabis en Paraguay.

“No hay ni un camino de todo tiempo, si llueve la mercancía se pierde. Solo los brasileños vienen hasta aquí con sus camionetas. Lo único rentable termina siendo plantar marihuana. Es doloroso y lamentable decirlo pero es que no hay con qué sustentarse. Los jóvenes están desmoralizados y solo les queda emigrar. Pero la gente quiere dejar de plantar porque es muy peligroso: es ilícito y podés acabar en la cárcel, una herida de por vida para vos y tu familia, por eso le decimos la hierba maldita”, añadió Larrea.

El 58,5 por ciento de las mujeres encarceladas en Paraguay, por ejemplo, están procesadas por tráfico de drogas, según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del país.

El narcotráfico genera una gran inestabilidad en la zona fronteriza. Enfrentamientos entre criminales rivales o con la policía son moneda frecuente en ciudades como Pedro Juan Caballero, Capitán Bado o Ciudad del Este, donde en abril una horda de hombres armados procedentes de Brasil asaltaron la cámara de seguridad de una empresa de caudales.

En el departamento paraguayo de Amambay, en la frontera con Brasil, la tasa de homicidios en 2016 ha sido de 90 por cada 100.000  habitantes, según el MNP. Una cifra similar a la de Honduras.

“Paraguay es el mayor productor de cannabis del Cono Sur, y no creo que México produzca más”, explicó en una entrevista Pien Metaal, investigadora sobre drogas y democracia para el Transnational Institute (TNI), un centro de estudios internacional de políticas progresistas con sede en Ámsterdam, que se define como la “hermana europea” del Institute for Policy Studies (IPS) con sede en Washington.

“Es un tema de desarrollo rural: no hay de qué vivir si eres un campesino con poca tierra. La presencia de la marihuana en Paraguay es una consecuencia de esta crisis agraria tan profunda”, denunció Metaal tras presentar el informe Paraguay: la tierra escondida, que analiza la producción de cannabis del país.

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