Intendentes de dieciocho municipios pidieron a la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la ley y el decreto reglamentario que los obligan a rendir cuentas sobre el uso de recursos del Fonacide, antes de un nuevo desembolso.

Los accionantes refieren que los royalties, compensaciones, Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo) e impuestos inmobiliarios son recursos genuinos de los municipios y que tienen que ser desembolsados sin más trámites por Hacienda.

Señalaron que con la Ley 5386/15 que aprobó el presupuesto y el decreto reglamentario para el desembolso del dinero del Fonacide, solo se puso más trabas para que los municipios tengan acceso a sus “recursos genuinos”.

Lo que los intendentes pretenden es que la Corte declare inconstitucionales la ley y el decreto que los obliga a tener aprobada la rendición de cuentas de la plata del Fonacide, para que Hacienda pueda seguir desembolsando los recursos.

“Las autoridades comunales actualmente deambulan presentando informes tras informes ante un sinfín de entidades públicas, como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Dirección de Contabilidad Pública, la Unidad de Departamentos y Municipios, todos del Ministerio de Hacienda, como condición insalvable para poder retirar sus fondos de coparticipación municipal, con el agravante de que los criterios o requisitos de los informes son permanentemente cambiados, generando una situación de injusta incertidumbre, no sabiéndose con certeza qué documentos presentar para acceder a los recursos del municipio”, dicen los intendentes que promovieron la acción.

Los jefes comunales pretenden que la Corte deje sin efecto varios artículos de la Ley 5386/2015, que aprueba el Presupuesto General de la Nación del actual ejercicio, y el decreto (2929/2015) que la puso en vigencia.

Un informe de Contraloría reveló que la mayoría de los intendentes de la República habían usado irregularmente el dinero del Fonacide, que tiene que ser destinado a la educación (construcción y mejora de escuelas, almuerzo escolar, etc.).

La Sala Constitucional que analizará la presentación está presidida por el titular de la Corte, Antonio Fretes, y la ministra Gladys Bareiro. Falta un tercer miembro.

Los intendentes que promovieron la acción son: Arnaldo Samaniego (ANR) Asunción:  Arnaldo Valdez (PLRA), de Santa Rosa, Misiones; Ignacio Larré (PLRA), Santiago; Damián García (PLRA), Santa María de Fe, Misiones; Ramón Zubizarreta (PLRA), San Bernardino (foto) ; Joel Maidana (ANR), Encarnación; Horacio Ortiz (PLRA), Ypané; Miryam Lepretti Báez (PLRA), San Juan del Paraná, Itapúa; Germán Solinger (ANR), Capitán Meza, Itapúa; Agustín Duarte (ANR), General Elizardo Aquino, San Pedro; César Balbuena (PLRA), Santa Elena, Cordillera; José Martínez (ANR), Villa Ygatimí, Canindeyú; Martín Muñoz (PLRA), Atyrá; Gerardo Rojas (ANR), Eusebio Ayala; Jacinto Raúl Peña (PLRA), Emboscada; Luis Vera Cárdenas (ANR), Loma Grande; Carlos Torres (PLRA), Juan de Mena, Cordillera.

Hasta el 31 de marzo pasado, según la Contraloría 206 intendentes presentaron sus rendiciones de cuentas y todavía faltan 43 jefes comunales.