Injustificables vacancias en tres embajadas claves *

Resulta francamente incomprensible que, a más de un año y medio de gestión, el presidente Fernando Lugo y el Congreso no se hayan puesto de acuerdo para cubrir las vacancias de las sedes diplomáticas en Argentina, Brasil y Uruguay, precisamente las tres más importantes de todo el servicio exterior de la República por los intereses en juego con esos países.

De acuerdo con las disposiciones constitucionales, existe una responsabilidad compartida del Poder Ejecutivo y el Legislativo en materia de nombramiento de embajadores. No obstante, las persistentes diferencias que mantienen ambos poderes del Estado han impedido hasta la fecha que el Paraguay tenga interlocutores válidos en Buenos Aires, Brasilia y Montevideo. En defensa del Ejecutivo puede argüirse la enorme cantidad de injustificables trabas, la mayoría de ellas de índole político-partidaria, que ha puesto el Senado de la República para la designación de los titulares de tales embajadas. No obstante, ello no exime de responsabilidad al Presidente y su canciller. Se supone que el Jefe de Estado debe contar con los mínimos mecanismos institucionales indispensables para impulsar en el Senado el nombramiento de los jefes de misiones diplomáticas en el exterior.

Resulta francamente incomprensible que a más de un año y medio de gestión, el presidente Fernando Lugo y el Congreso Nacional no se hayan puesto de acuerdo para cubrir las vacancias de las sedes diplomáticas en Argentina, Brasil y Uruguay, precisamente las tres más importantes de todo el servicio exterior de la República, tanto si se consideran la vecindad de los mismos y los principalísimos intereses que el Paraguay tiene en ellos, como si se evalúa el hecho de que nuestra participación en el Mercado Común del Sur (Mercosur) los convierte en socios políticos y económicos de primer orden.

De acuerdo con las disposiciones constitucionales, existe una responsabilidad compartida del Poder Ejecutivo y el Legislativo en materia de nombramiento de embajadores. No obstante, las persistentes diferencias que mantienen ambos poderes del Estado han impedido hasta la fecha que el Paraguay tenga interlocutores válidos en Buenos Aires, Brasilia y Montevideo.

Es evidente que la figura del embajador es contemplada en el derecho internacional y en la sana tradición histórica, porque existen sobrados motivos para avalar su existencia y su vigencia en el transcurso del tiempo. Aunque mucho se habla hoy día de la “diplomacia presidencial”, en la que los propios mandatarios multiplican sus contactos personales para encarar la solución de distintos problemas comunes, ella de ninguna manera puede sustituir la labor cotidiana de los jefes de misión diplomática en su tarea de representar al Estado ante otros Estados.

En este sentido, el panorama actual no puede ser más elocuente. El principal funcionario paraguayo que debe gestionar ante las autoridades brasileñas la presentación de todos los reclamos relacionados con la Itaipú Binacional, el que debe requerir la eliminación de todo tipo de trabas comerciales, quien ha de solicitar el levantamiento del estatus de refugiado que el vecino país concedió a los prófugos de la justicia Juan Arrom y Anuncio Martí, es en primerísimo lugar el embajador del Paraguay en Brasilia. Sin embargo, el cargo está vacante.

Algo similar puede afirmarse en el caso de Argentina. Es al máximo representante del Paraguay ante el Gobierno del vecino país a quien compete promover el tratamiento de las delicadas cuestiones migratorias; ocuparse de las tratativas en torno a los intereses compartidos en la Entidad Binacional Yacyretá; estimular el intercambio comercial, cultural, social, además de lidiar con todos los problemas propios de una relación bilateral amplia, compleja e intensísima. Pero tampoco esa misión ha sido debidamente cubierta.

Montevideo también es un destino de gran importancia, aun cuando la cantidad de compatriotas que residan en ese país sea menos significativa. El hecho de haberse constituido prácticamente en la capital del Mercosur, sede del Parlamento del bloque, así como la gran cantidad de intereses comunes que existen en el ámbito de la política y la cultura, además de ser un paso portuario y aduanero de gran relevancia para nuestro comercio exterior, justifican sobradamente la necesidad de contar allí con un representante permanente en la brevedad posible.

En defensa del Poder Ejecutivo puede argüirse la enorme cantidad de injustificables trabas, la mayoría de ellas de índole político-partidaria, que ha impuesto el Senado de la República, y allí, específicamente, la Comisión de Relaciones Exteriores, para viabilizar la designación de embajadores en esos lugares neurálgicos de nuestra estrategia de inserción internacional.

Cuando los candidatos a embajador reúnen los requisitos correspondientes y cuentan con el perfil adecuado para ocupar el cargo para el cual fueron postulados, no deben esgrimirse motivaciones de naturaleza política para negarles el acuerdo constitucional del Congreso.

No obstante, ello no exime de responsabilidad al Presidente y a su canciller. Se supone que el Jefe de Estado debe contar con los mínimos mecanismos institucionales indispensables para impulsar en el Senado el nombramiento de los jefes de misiones diplomáticas en el exterior. Muchos creímos que la pasada labor legislativa del actual ministro de Relaciones Exteriores facilitaría el diálogo con la Cámara Alta. Por lo visto, estábamos equivocados.

En esta materia es preciso ser claros; nuestros países vecinos y el resto de las naciones amigas –y nuestro relacionamiento con ellas– no tienen por qué pagar los platos rotos del lamentable estado de confrontación que existe entre los principales actores políticos y los poderes del Estado dentro de nuestro país. La política exterior responde a intereses mucho más elevados que eso.

El manoseo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han hecho de nombres de personas y profesionales paraguayos propuestos en el pasado para ocupar las sedes diplomáticas en Buenos Aires, Brasilia y Montevideo no se condice en lo más mínimo con la imagen de seriedad que una República y un Gobierno deben proyectar en lo que respecta a su trato y relacionamiento con el mundo.

* editorial de abc.color