Chema Orozco (*)

 El “tejú”, lagarto paraguayo, puede respirar tranquilo tras la abolición de su caza comercial, decretada por el Gobierno tras diez años de moratoria, un giro provocado por las protestas en las redes sociales en una encendida polémica en la que terció, tras bastidores, el propio presidente, Horacio Cartes.

La controversia ha puesto en el ojo del huracán a María Cristina Morales, la titular de la Secretaria del Ambiente (Seam), que el pasado viernes anunció el permiso de cazar con fines comerciales de 214.000 ejemplares de tejú guasú (Tupinambis), entre el 2 de febrero y el 22 de abril.

 La especie, común a toda Suramérica, excepto a las frías regiones andinas, nunca ha sido censada en Paraguay, donde podría rondar los 20 millones de ejemplares, según estimaciones del grupo ecologista World Wildlife Fund (WWF), y no está en peligro de extinción.

La decisión de la Seam implicaba la reactivación de un sector que hasta 2003, cuando se dictó la moratoria, se dedicaba a exportar el cuero de teju guasu (lagartija grande en el idioma guaraní) a Europa y EEUU, donde se usa para elaborar botas, cinturones, pulseras o apliques de chaquetas.

En ese comercio participaban grupos indígenas, encargados de la caza, y diversas empresas peleteras.

«Los indígenas aprobaban el programa legal para la caza. Fueron tres asociaciones indígenas y antiguos exportadores los que solicitaron la medida» de suspender la veda, dijo Morales en una entrevista con Efe.

La Seam presentó el proyecto a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), con base en Suiza y a la que están adheridos 179 países. Esa entidad dio su visto bueno al fin de la moratoria. Según el proyecto, la Seam verificaría el respeto al periodo de caza y el tamaño de las piezas, y otorgaría los permisos de capturas y exportación, como hace con la pesca de especies como el surubí.

Sin embargo, nada de esto fue comunicado al público, y cuando la Seam intentó hacerlo las redes sociales echaban chispas.

«Fue un problema de comunicación. No se entendió el programa, que está sustentado científicamente y se basa en un manejo sustentable (..) Reconozco que no comunicamos bien esos aspectos», declaró Morales.

El pasado sábado algunos medios locales hablaban de «matanza» y «carnicería», mientras que en las redes se arremetía contra la ministra y se denunciaban intereses políticos y mercantiles detrás del permiso de caza.

Para calmar los ánimos, Morales organizó una rueda de prensa el lunes, a la que acudieron representantes indígenas, grupos ecologistas y ciudadanos contrarios a la medida.

La reunión, que según testigos fue un tumultuoso diálogo de sordos, acabó con la convocatoria de una audiencia pública en la que las partes expondrían sus posturas.

Pero al día siguiente la Secretaria anunció la derogación del permiso de caza y la suspensión de la audiencia. Morales reconoció que la decisión respondió a la reacción ciudadana y estuvo recomendada por un actor inesperado: el presidente de Paraguay.

«El presidente se dio cuenta de que gran parte de la ciudadanía estaba en contra. Se sensibilizó de la crueldad de la matanza», declaró.

El desenlace podría considerarse toda una victoria ecologista de no ser porque los principales grupos medioambientales paraguayos, como el WWF, respaldaron a la ministra.

«Bajo ningún concepto (el lagarto) está en estado de extinción», señaló a Efe la bióloga Margarita Mieres, una apreciación compartida por María Nela Velilla, del grupo ecologista Guyra Paraguay.

Ambas apuntan que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la organización medioambiental más antigua del mundo, que no tiene al lagarto paraguayo en su libro rojo de especies amenazadas.

«Es una especie plástica, que se adapta fácilmente a hábitats humanos y degradados. Se pueden encontrar cerca de las casas y en basureros», dijo Velilla.

Así las cosas, el teju guasu, que puede alcanzar un tamaño de metro y medio, puede seguir reptando ajeno a la polémica, al menos de momento.

«Ahora no podemos hacerlo porque la ciudadanía no lo quiere. Hay que iniciar una estrategia para convencer a la población, aunque los campesinos y los indígenas lo entienden. Pero para nosotros es un retroceso. Los indígenas están perdiendo la oportunidad de utilizar sus recursos de forma sustentable», dijo Morales.

(*) lavanguardia.com / Efe