Ante el éxito obtenido en la primera etapa del plan piloto de “Primera Vivienda”, el Poder Ejecutivo autorizó el relanzamiento permanente del programa.

Para  tal fin el fondo disponible es 500 mil millones de guaraníes que generará más empleos y disminuirá el déficit habitacional de nuestro país.

Así se contempla en el Decreto N°. 6.180, por el cual se establecen los lineamientos para el financiamiento del préstamo, a través de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el sector financiero nacional, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay (BCP).

Además, señaló que con la continuidad del programa se apunta a dar mayor protagonismo al Banco Nacional de Fomento (BNF), para implementar un crédito blando. El financiamiento del programa piloto finalizó en julio de este año con la canalización de recursos por G. 130 mil millones para un total de 773 operaciones entre compras de viviendas y refacciones.

ALCANCES – En el considerando del decreto se expresa que sigue siendo fundamental para el desarrollo de la economía nacional la generación permanente y sostenida de nuevas fuentes de empleo para la mano de obra desocupada, lo que será posible con este tipo de programas, considerando que la construcción es un rubro que ocupa un porcentaje importante de mano de obra no calificada, pero que a su vez dinamiza la economía por su impacto indirecto en la industria y el comercio a fines a ella.

Remarca que como ocurría durante la ejecución del programa piloto, el Estado necesita de la estrecha colaboración del sector privado, tanto en el ámbito de la construcción, como en el de la intermediación financiera para satisfacer las demandas del sector vivienda.

Y en el mismo sentido se remarca que para lograr el mencionado acompañamiento, el Gobierno debe ofrecer al sector privado las condiciones necesarias para que éste desarrolle su creatividad y dé inicio a propuestas orientadas a la generación de empleos en la industria de la construcción y la dotación de un mecanismo accesible para el financiamiento de viviendas para sectores de familias cuyos ingresos en conjunto orillan entre 1 y 7 salarios mínimos legales por mes que, aun siendo sujetos de crédito, poseen dificultades para acceder a planes de financiamiento de mediano y largo plazo.

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