Por Jesús Ruiz Nestosa (*) jesus.ruiznestosa@gmail.com

“Si quinientas personas quemaron el Congreso e hicieron cambiar la decisión del Presidente sobre la reelección, ¿por qué 10.000 alumnos no podrían revertir la decisión del Cones?”, fueron las palabras dichas por Arnaldo Decoud, directivo de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur), a los estudiantes que esta misma institución había engañado después de que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) resolviera ordenar el cierre de una decena de carreras que ofrece dicha universidad particular.

A buen puerto vamos si cada vez que nos disgusta o no nos favorece una ley, alentamos a nuestros seguidores a lanzarse contra el Congreso.

El problema es complejo, pero lo que se deduce a primera vista es que todos tienen su cuota de culpa. La tiene la universidad, por ofrecer carreras que no está capacitada para ofrecer. La tienen los estudiantes, que no pueden alegar inocencia y falta de información. Nadie, en su sano juicio, puede creer, honestamente, que se logra un doctorado, un masterado, ni siquiera un titulado, yendo a clase dos horas por semana. Y a veces ni siquiera eso.

No se olvide que hace menos de un año estallaba un escándalo semejante a este cuando se descubrió que había “universidades” que ofrecían títulos para estudiantes que debían acudir a la institución nada más que dos veces: una para inscribirse y pagar la matrícula, y la siguiente, seis meses después, para retirar el título, previo pago de una buena suma. También lo tienen los legisladores que aprobaron la famosa y nefasta Ley 2529/06, más conocida como “Ley Marcos”, que entró a regir el 27 de abril de 2006 y abrió las puertas al negocio de la educación.

Me corrijo: al negociado de la educación. Entre los legisladores que propusieron, alentaron y presionaron para su aprobación había muchos relacionados de manera directa o indirecta con estas universidades. Vale decir, actuaron como jueces y parte.

Vivimos en un país donde el “realismo mágico“, tan cacareado en la literatura del continente, es nuestra historia cierta de todos los días. Desde la creación de esa “Ley Marcos”, muchos periodistas, educadores y personas, preocupados por la formación de los jóvenes, hemos insistido en la atrocidad que se estaba cometiendo, el engaño que eran víctimas los estudiantes, la estafa descarada de tales empresas “educativas”, pero nadie se preocupó ni tomó en serio las denuncias. Como en tantos otros casos, se dejó pasar pues ya el tiempo y, sobre todo, la “magia”, que son las “soluciones” habituales. Del mismo modo que los limpiavidrios, los vendedores ambulantes, los cuidadores de coches, los niños que venden frutas en las esquinas. Las autoridades decidieron mirar hacia otro lado pensando que el tiempo se encargaría de darle una solución. Ahora el problema se ha vuelto gigantesco y nadie se siente con las fuerzas necesarias para poder solucionarlos.

Estas universidades bien llamadas “de garaje”, porque en un garaje comenzaron, han creado un problema social de proporciones y exigen que se les dé una solución. Dar vuelta la cara y pensar que no ha sucedido nada con Unasur solo hará postergar el problema y alimentarlo para que siga creciendo. Hay que ver los datos publicados días atrás en la prensa para entender lo que está ocurriendo. Estas universidades, además de su casa central, tienen sucursales en todas partes, veinte por aquí, otras treinta por allá, en diferentes barrios de Asunción, en los más remotos pueblos de todo el país.

Estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional salieron en defensa de los estudiantes de Unasur alegando el derecho de todo ciudadano de tener acceso a la educación. Absolutamente de acuerdo. Pero que la educación sea cierta, de buena calidad, de verdadero nivel universitario. También tenemos derecho a la alimentación, pero no por eso vamos a contentarnos en comer carroña diciendo que ella es buena.

(*) abc.com.py (desde Salamanca, España)