Martín Acosta Velazco

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Para establecer un vínculo entre la democracia, el desarrollo y los derechos humanos, hay que aceptar que éstos son universales, indivisibles e interdependientes. Y hay que aceptar también que la pobreza es su mayor escollo, ya que los que sufren de esa situación quedan excluidos de sus beneficios. 

Vivir en la pobreza supone la negación de los Derechos Humanos en su conjunto. Supone una marginación lacerante, que fomenta toda clase de patologías: desnutrición, toxicomanía y otros males, cuyas consecuencias son la disminución de las expectativas de vida y la desintegración de la familia con el agravante de sustraer a la nación de los recursos humanos tan necesarios para su desarrollo. 

Vivimos unos de los momentos más contrastantes en la historia de nuestro país. Por un lado están quienes disfrutan con avidez los fascinantes prodigios de los avances tecnológicos, la revolución informática y las excitantes promesas de la era espacial. Por otro lado, está esa inmensa cantidad de personas que lleva adelante una vida marcada por la indigencia y la adversidad. De esta manera, una parte de la población absorbe los cambios de una manera acelerada, la otra parte permanece estática e incluso retrocede. 

Es en el contexto de esa suerte de movilidad decadente donde radica la razón de nuestras más preocupantes certezas. Pero lo más grave no es que sean pocos o que cada día puedan ser menos los que avanzan, sino que son muchos, cada día más, los que descienden a una velocidad que provoca inquietud y escalofríos. 

En nuestros trabajos de investigación entre los compatriotas del cordón del Gran Asunción y los pueblos aledaños del interior, que no tienen comunicación directa con los niveles de decisión gubernamental, hemos observado su escaso conocimiento sobre la incidencia de la pobreza en los derechos humanos y sus efectos sobre las libertades fundamentales.

Ante este panorama, es imprescindible poner en marcha mecanismos de participación que incorporen a los más pobres en todas las etapas de la política educativa y social del gobierno. Sólo así se podrán lograr resultados concretos y duraderos.

Las actuales manifestaciones populares donde gravitan con énfasis los campesinos sin tierra, los obreros desocupados, que reclaman una vida digna y con futuro, son producto de décadas de discriminación y a la falta de una política totalizadora implementados durante décadas por los gobernantes de nuestro país.

Y ya es tiempo de revertirlos. El Estado Nacional debe instrumentar espacios de participación real a estos núcleos para coadyuvar al desarrollo armónico y el afianzamiento de la Nación.

Este es un llamamiento al señor Presidente de la República, Fernando Lugo, a asumir el compromiso y el desafío de transformar en realidad ese sueño largamente acariciado por millones de paraguayos que lo han elegido y han optado por quedarse en su patria, para recrear el Paraguay económicamente próspero con justicia social, asentado sobre bases éticas y patrióticas.

Nunca hubo un tiempo tan oportuno como este para trabajar juntos y llevar a la práctica los proyectos para superar la desidia y el estancamiento a las que nos han empujado los desdeñables intereses contrarios al despegue de nuestro país.