Rafael Luis Franco (frarafael@gmail.com)

Vemos en estos días, con los sonados casos de corrupción en la Argentina, que es una constante en la defensa de los acusados el siguiente argumento, dicen: “Es una persecución política”.

Bien, he leído los otros días un escrito judicial que circula por las redes y medios de una de las causas, donde a la expresidente le traban un embargo por diez mil millones de pesos (unos 600 millones de dólares, pavada de embargo), el rechazo de los jueces al alegato de la defensa de la inculpada es tajante, estos responden puntualmente los cuestionamientos de la defensa, que plantea la misma con argumentos políticos y técnicos, y hacen citas de otros casos punto por punto.

Entre otros párrafos se lee en el documento que a la acusada se la considera: “prima facie coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública”. Más adelante el escrito firmado por dos jueces señala: “A nuestro juicio, los AGRAVIOS FORMULADOS POR LA DEFENSA no han logrado conmover los fundamentos brindados por el Tribunal a quo, ello de acuerdo al grado de certeza exigido según el estadio procesal por el que transitan las presentes actuaciones. En cuanto a la GRAVEDAD INSTITUCIONAL alegada por el impugnante, no demuestra que en las particulares circunstancias del caso, exceda el mero interés de las partes afectando a la comunidad, circunstancia que habilitaría la vía casatoria como tribunal intermedio”. En cuanto a lo que reclaman de intromisión del Poder Ejecutivo le responden, “…tampoco el impugnante demuestra la arbitrariedad que alega”.

Y este es el quid de la cuestión, porque para la Justicia valen los hechos, ya que los argumentos políticos no tienen nada que ver; los argumentos políticos pueden funcionar en un poder Legislativo para rechazar un planteo o no, pero no en los tribunales de la Justicia. En esta se debe demostrar con hechos la inocencia de lo que se les acusa, también con hechos los acusadores deben probar su acusación; por ejemplo si a fulano le acusan de un crimen, tanto fiscal como abogado defensor deben demostrar con testigos o lo que sea que es culpable o inocente; no valdrían argumentos abstractos e insustanciales, con respuestas como que se trata de un complot político en su contra. Por ejemplo, ante un Tribunal no vale decir “soy una abogada exitosa” para justificar su enriquecimiento, tiene que demostrarlo, los juicios que ganó, los montos que cobró, etc.

Entonces, de ahí que en estos casos de acusación de corrupción, donde el crecimiento patrimonial en sumas multimillonarias de manera inexplicable de los acusados, que no pueden justificar con los hechos, con facturas y recibos reales, de ahí, entonces, que recurran al único camino que les queda para defenderse, alegar que “es una persecución política”; así queda claro que lo hacen porque no tienen otro argumento, no pueden demostrar su inocencia con hechos, con documentos que avalen su extraordinario y veloz crecimiento patrimonial.

Y de la misma manera que se defienden también acusan: SIN PRUEBAS. El ejemplo más claro es el caso Maldonado. Este asunto es aún más escandaloso, porque mientras su cuerpo es examinado por medio centenar de peritos forenses, de parte, de contraparte, de cualquier parte, para que nadie dude del peritaje y las causas de su fallecimiento; con los informes que los expertos están brindando al público y a la Justicia, que dicen que murió ahogado, que no tiene golpes, que más de sesenta días su cuerpo estuvo en el agua, etc.; con todos estos datos reales, hechos fidedignos, que desmienten todo lo que se dijo antes, se cae el asunto de la “desaparición forzada” y el supuesto secuestro por la gendarmería; así y todo los grupos políticos que agitaron desde el primer momento el tema y utilizaron políticamente el asunto, igual siguen gritando sin nada que los avale “fue una desaparición forzada”, “fue la gendarmería”, cuando toda la evidencia dice lo contrario; hasta algunos gritan a voz en cuello «aparición con vida», esto último puede ser producto de ver tantas películas de muertos vivos.

Esta negación de la realidad más evidente sería algo inexplicable desde el punto de vista racional (y la Justicia es racional), pero no lo es desde el punto de vista de la ideología que sustentan estos grupos extremadamente corruptos y violentos, a los que como vemos no les interesa ni la verdad ni la justicia, ni siquiera el pobre flaco que murió, ellos solo buscan resultados que les sean favorables, sea como sea.

Además, con todos los antecedentes y hechos protagonizados anteriormente, cuando estaban en el poder, por estos que hoy se rasgan las vestiduras, el argumento de la “persecución política” suena a comedia grotesca, que por supuesto no causa ninguna gracia. Señores, el relato populista solo es apto para las tribunas, no sirve para los tribunales; donde funciona la República esto es así, otra cosa es en el país imaginario de Madurocondo.