Por Norberto Emmerich (*)

El especialista Norberto Emmerich analiza lo que ocurre en el sur porteño. La denuncia de Gustavo Vera. «El narcotráfico se va convirtiendo en una solución. Una solución sin Estado, sin derechos y sin democracia.»

El legislador porteño Gustavo Vera afirmó que un ejército de 300 hombres protege las actividades del narcotráfico en la villa 1.11.14 de la Ciudad de Buenos Aires, donde habría 10 laboratorios productores de cocaína. La zona es custodiada por 300 ‘soldados’ armados con FAL, AK 42, AK 47, Uzi y mini Uzi. También contarían con lanzamisiles RPG, fusiles de asalto 7.62  y granadas.

«Cualquier gendarme te reconoce que tenían la obligación de rodear la villa y de no entrar. Sólo para tareas de asistencia. Es lo que se llama técnicamente un territorio liberado. Tienen su propio gobierno, sus propias normas y leyes», contó el legislador.

Dando cuenta de una guerra predatoria clásica, Vera dice que «el método con el que actuaban era el método del terror. Se han impuesto en esas manzanas con el método del fusilamiento. Un cura declaró que llegaron a registrarse 400 muertes violentas vinculadas con el narcotráfico en cuatro años”. La detallada información sobre el narcotráfico en la Villa 1-11-14 consta en 235 minuciosos informes que el ex asesor del ministerio de Seguridad de la Nación, Jorge Rodríguez, elaboró entre los años 2011 y 2013 para la cartera de Nilda Garré.

La historia de los narcos peruanos es vieja y comenzó en el año 1999 con el asesinato de su compatriota Julio Chamorro Rebollar (que había desalojado a los paraguayos) y la toma de un control duradero por parte de los recién llegados senderistas peruanos. Se formaría el cartel de Marcos Antonio Estrada González (Marco) y los hermanos Ramos Mariños (Ruti y Meteoro). La problemática del narcotráfico en la Villa 1-11-14, tras la expulsión de Ruti y Meteoro, ocasionó la implantación de un mercado derivado en la Villa 31 de Retiro (ver el libro Narcos en Buenos Aires. El caso de la Villa 31).

Más allá de los lugares comunes, el Estado sí actuó, al menos el Poder Judicial. La actuación del juez Sergio Torres podría haber desmantelado el negocio. Desde febrero de 2009 hasta abril de 2010 el Juzgado Federal N° 12 a cargo de Sergio Torres y la División Operaciones Metropolitanas de la Policía Federal realizaron 135 allanamientos en Ciudad Oculta, en la Villa Zabaleta, en la Villa 31 y en la 31 Bis de Retiro y en el barrio de emergencia Presidente Perón en Saavedra. Se iniciaron 65 causas judiciales, en las que se secuestraron 5 millones de dosis de paco, 2.800.000 dosis de marihuana, se incautaron 31 armas de fuego, 500 proyectiles y dos chalecos antibalas. Fueron detenidas 107 personas, de las que 50 fueron sometidas a juicio.

El cartel de Marco fue desbaratado y su jefe detenido, pero siguió operando, demostrando la fortaleza cuasi estatal de los controles territoriales del narcotráfico. En febrero de 2014 Marco salió en libertad cuatro meses antes de cumplir su condena porque en la cárcel terminó sus estudios secundarios y realizó un curso de mecánica. Vive actualmente en Nordelta. Un año después el cartel de la Villa 1-11-14 está totalmente fortalecido.

El aumento reciente de la violencia puede estar relacionado con la expansión descontrolada del negocio. A los habituales transas peruanos (dedicados a la cocaína y el paco) se sumaron los paraguayos (dedicados a la marihuana) y los colombianos. “La competencia se resuelve, la mayoría de las veces, a los tiros”.

El especialista Juan Recce afirma que “al narco minorista le interesa la incidencia territorial, dominar municipios y provincias penetrando las estructuras sociales más vulnerables y participando del trazado urbano; su realidad inmediata es muy táctica. Su negocio está en el fraccionamiento, el estiramiento y en algunos casos en el proceso de cristalización en cocinas. En este sentido, y sin referirnos en esta ocasión a las drogas sintéticas, sí somos productores. Aquí es donde tiene lugar la disputa por el control territorial que conlleva homicidios e incrementa la inseguridad ciudadana impactando en los índices de violencia de los delitos comunes”. En Rosario, en Córdoba o en Buenos Aires, es el mismo proceso.

La inacción del Estado “no es fruto de una torpeza, es parte de un pacto implícito de complicidad y rédito recíproco donde prima la puesta en escena”, dice Juan Recce. Casi el 95% de los procedimientos son en circunstancias de consumo o tenencia personal. Los detenidos son víctimas o “perejiles”, una demostración del “poco inteligente derroche de recursos”.

El control del territorio implica una estatalización del narcotráfico. “Acá la gente sabe que mientras están vendiendo droga aquí adentro no se roba. Los transas se convirtieron en el Estado, mandan a arreglar. Los soldados de los transas protegen al barrio. Los vecinos se sienten más seguros con ellos que con la policía”. Esta ‘sensación’ de seguridad está más basada en el silencio y en el miedo que en el consenso. Pero el miedo es la primera base, históricamente construida, de la legitimidad estatal.

Cuando el narcotráfico, aunque sea minorista, obtiene control territorial, es prácticamente imposible su desalojo. Las implicancias de tal control se manifiestan en dos ámbitos: una concentración discursiva de la agenda de seguridad (todos hablan de ‘combatir’ al narcotráfico) y una síntesis cultural de los conflictos interpersonales (todo se resuelve en términos narcos). Habiendo sido un problema, el narcotráfico se va convirtiendo en una solución. Una solución sin Estado, sin derechos y sin democracia.

(*) Agencia Paco Urondo