Ariel Noyola Rodríguez / Ulises Noyola Rodríguez (*)

En marzo de 1991, el argentino Carlos Menem, el brasileño Fernando Collor de Mello, el paraguayo Andrés Rodríguez y el uruguayo Luis Alberto Lacalle Herrera, firmaron el Tratado de Asunción, documento que sirvió de base para la edificación del Mercado Común del Sur (Mercosur).

En una primera etapa, la iniciativa compuesta por economías grandes y medianas, tuvo como motivación principal consolidar un espacio económico sudamericano con base en el regionalismo abierto. En una segunda etapa no obstante, las crisis brasileña (1998) y argentina (2001) evidenciaron los efectos perniciosos de la apertura indiscriminada del comercio y las cuentas de capital.

Así, la debacle económica por un lado, favoreció el ascenso de gobiernos opuestos a las políticas del Consenso de Washington y por otro lado, llevó a la redefinición del papel del Estado en los procesos de integración de cara a los desafíos derivados de la mundialización capitalista en curso. Con todo, más de dos décadas no han sido suficientes para hacer del Mercosur una auténtica comunidad económica, caracterizada por la libre movilidad de mercancías, capitales y personas.

Las reglas del proceso de integración operan a través de jerarquías que profundizan las asimetrías entre sus miembros y apuntalan la hegemonía regional de Brasil y sus empresas predominantes (Grupo Andrade Gutiérrez, Vale, Odebrecht, Embraer, JBS Friboi, etc.).  En sentido contrario, Paraguay, Uruguay y, más recientemente, Venezuela y Bolivia, enfrentan numerosas barreras arancelarias para ingresar sus productos industriales a los mercados brasileño y argentino, circunstancia que favorece los superávit comerciales de estos últimos.

Por ejemplo, desde 2011 Argentina decidió aplicar licencias no automáticas de importación a 600 productos. De esta forma, las empresas del resto del bloque están supeditadas al otorgamiento de permisos por parte del gobierno de Cristina Fernández. A mediados de 2014, Brasil y Argentina acordaron reducir el coeficiente Flex de 1.95 a 1.5 puntos, es decir, por cada 3 dólares de exportaciones brasileñas a Argentina, Brasil deberá importar 2 dólares para incrementar la participación de vehículos y autopartes en los dos mercados, al excedente se le aplica un arancel. Definitivamente, el poderío industrial de ambos países mantiene limitadas las políticas de reducción de asimetrías al interior del bloque hexapartita.

El Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), destinado a financiar proyectos de inversión de las economías menores (Bolivia, Paraguay y Uruguay), posee un débil presupuesto de 100 millones de dólares. De los 44 proyectos aprobados de 2007 a mediados de 2013, únicamente tres se concluyeron exitosamente. Por otro lado, el Fondo Mercosur de Garantías, cuyo objetivo consiste en proveer de crédito a las pequeñas y medianas empresas (PyMES), todavía no se ha implementado. Sin embargo, todo apunta a que el proceso de integración cobró fuerza durante la XLVI Reunión Ordinaria del Mercado Común, realizada a finales de julio en la ciudad de Caracas. Entre otras resoluciones, se aprobó la creación de una Zona Económica Complementaria entre el Mercosur, la ALBA, CARICOM y PETROCARIBE.

La meta es construir una unión latinoamericana y caribeña con base en la complementariedad, la solidaridad y la cooperación para fomentar el desarrollo integral, enfrentar la pobreza y la exclusión social. Los Estados Partes se reunirán en un plazo no mayor a 60 días para concluir las negociaciones comerciales y los detalles jurídicos del acuerdo. En cuanto a la construcción de mecanismos de cooperación financiera regional de cara al agravamiento de la crisis, se enfatizó la importancia de la puesta en marcha del Banco del Sur como alternativa de  financiamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Brasil, Argentina y Venezuela aportarán 4 mil millones de dólares cada uno; Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador aportarán en conjunto 8 mil millones de dólares para conformar así los 20 mil millones de dólares de capital autorizado. La sede principal del nuevo banco de desarrollo estará en Caracas y otras dos sucursales operarán en Bolivia y Argentina. A través de una declaración conjunta al término del encuentro, el Mercosur se mostró dispuesto a sumar esfuerzos con el Banco de Desarrollo del BRICS para el aprovechamiento de las potencialidades y oportunidades conjuntas”.

Previsiblemente, el Banco del Sur podría comenzar a funcionar en menos de seis meses. El embate de los fondos buitres en contra de la República de Argentina y la tendencia descendente del ciclo económico global, hacen urgente avanzar en el desarrollo de una arquitectura financiera sudamericana. Al final de cuentas, la coyuntura crítica de la economía mundial ha vuelto a poner de manifiesto el carácter decisivo de los procesos de integración regional en el fortalecimiento de la soberanía política, económica y financiera de los países del Sur.

(*) Ariel Noyola Rodríguez es miembro del Observatorio Económico de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Columnista de la revista Contralínea (México) y colaborador de la Red Voltaire (Francia). Contacto: anoyola@iiec.unam.mx http://alainet.org