El gobierno de Lugo da todo a cambio de nada, y a la hora de exigir los derechos paraguayos no tiene asidero fáctico alguno y deja al país en posiciones siempre débiles, siempre desventajosas, siempre complicadas.

Paraguay no está logrando la autorización argentina para usar sus redes para vender la energía de la usina de Acaray a la República Oriental del Uruguay, por un problema de precios según la información disponible.

La viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, dio algunas de las cifras que se están discutiendo y que ya fueron ampliamente publicadas por los medios de comunicación: Paraguay permitió el paso de energía para el noroeste argentino por tres dólares el megavatio/hora; Argentina permitió el paso de energía brasileña para Uruguay por diez dólares el megavatio/hora y que ahora Argentina pretende cobrar mucho más a Paraguay por el paso de energía hacia Uruguay.

El asesor para la política energética del Gobierno y miembro de Parlasur, Ricardo Canese, sostiene que la cuestión de precio planteada por Argentina constituye una muestra de falta de voluntad del gobierno argentino y, en efecto, nada indica que se pueda tratar de otra cosa que falta de voluntad pues las redes de transmisión están allí.

Es evidente que el Gobierno paraguayo tiene en claro el tipo de dificultad política que se debe superar y justamente por eso es que no se comprende muy bien la respuesta diplomática que en todos los niveles se da a Argentina.

El presidente Lugo convalidó ayer en una videoconferencia con la presidenta argentina Cristina Fernández el llamado a licitación para obras en Añá Cuá, Yacyretá, cuya conveniencia nadie discute pero que Argentina requiere con suma urgencia y que Paraguay podía postergar hasta lograr el acuerdo de venta de energía a Uruguay.

La imagen proyectada por el presidente fue lastimosa. No solamente por el servilismo abierto con que trató a su par argentina, que en cambio lo contactó en el marco de una comunicación general con las provincias argentinas, sino por haber expresado de un modo tan efusivo su simpatía ideológica por ella, hablando de las elecciones internas de los partidos argentinos como si fuera un militante kirchnerista.

El señor Fernando Lugo parece olvidar su lugar y su ubicación, lo cual puede hacer cuando quiera desde que vuelva a ser un particular, pero como presidente de la República no tiene derecho a hacerlo. Él tiene la obligación de comportarse como un igual a Cristina Fernández, no como un gobernador de provincia y tiene la obligación de ser prescindente en la política argentina, porque el interés paraguayo exige poder dialogar ventajosamente con todas las fuerzas políticas argentinas.

Paraguay podía postergar lo de Añá Cuá, además, no solamente porque no está contemplado en el Tratado de Yacyretá –lo que amerita un debate nacional distinto y diferenciado–, sino porque tampoco está resuelto el tema de la deuda de la binacional con lo que al presidente Lugo le bastaba decirle a Cristina Fernández que no podía satisfacer sus urgencias por tener temas que requieren previa solución.

Cristina Fernández compra la postergación del interés nacional paraguayo ensalzando a Francisco Solano López o criticando la Guerra de la Triple Alianza, como si eso tuviera algún efecto práctico. Si la crítica argentina a la Guerra de la Triple Alianza fuera sincera, estarían devolviendo los enormes territorios que mediante ella Argentina arrebató a Paraguay.

El gobierno de Lugo da todo a cambio de nada, y a la hora de exigir los derechos paraguayos no tiene asidero fáctico alguno y deja al país en posiciones siempre débiles, siempre desventajosas, siempre complicadas.

Después de tres años de gestión, cabía esperar que el Presidente hubiera aprendido que en la vida real la buena voluntad no puede darse por sentada y que lo que impera en realidad es la defensa de los intereses. Los argentinos defienden sus intereses, los brasileños, los bolivianos, los uruguayos.

El Gobierno paraguayo, en cambio, parece trabajar sobre una imaginada buena voluntad de los vecinos que solamente existe en la fantasía ideológica de los funcionarios que lo integran

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