Ramón Casco Carreras (*)

En la semana del 25 de febrero último, día en que el ala kircherista del Partido Justicialista de Argentina, en un acto que se llevó a cabo en Posadas, capital de la provincia de Misiones, aprovechó la “terminación” del proyecto Yacyretá como un combustible más para proyectar la candidatura de Cristina Fernández a un nuevo período presidencial, voceros del ejecutivo, mediante un comunicado, informaban a la opinión pública nacional que la deuda de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) trepaba a US$ 17 mil millones y las nuevas negociaciones pretendían reducirla a US$ 6 mil millones.

 El acto político interno, proeleccionario, del vecino país contó con la presencia activa del presidente de la República del Paraguay, Fernando Lugo, así como de algunos ministros de su gabinete y altos funcionarios de su gobierno.

Diecisiete días después, el día 14 de este mes, el Lic. Miguel Angel López Perito, ministro secretario general y jefe del gabinete civil de la Presidencia de la República, en una nota dirigida al Legislativo, mencionaba que la deuda de la EBY con el tesoro argentino era “estimada en aproximadamente US$ 6.000 millones” y que buscaban “liquidar la deuda… a través de una ingeniería financiera que permita reducir (la) sustancialmente a través de una ingeniería financiera a US$ 3.000 millones.

 La primera comunicación del equipo negociador, integrado en este caso por el ministro secretario y el director interino de la EBY, Ing. Miguel Fulgencio Rodríguez, estimuló expectativas y acicateó entusiasmos, tanto que uno de los matutinos paraguayos publicó, en primero plana, como titular principal, que el nuevo equipo de Lugo lograría una quita de US$ 11.000 millones.

 Recordemos que el antecedente inmediato de estas “negociaciones”, de las que la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricas de la Cancillería, pese a su rimbombante nombre, fue marginada, es el preacuerdo técnico que logró el Ing. Angel María Recalde, el penúltimo director de la binacional designado por Nicanor Duarte Frutos.

El documento fue sometido al Legislativo, pero ante la inminencia del rechazo, optó por retirarlo y por congelar las tratativas. Lo que no se sabe con certeza hasta la fecha es si la adición de intereses y actualizaciones al pasivo sobre el cual trabajaron entonces, US$ 10.885 millones, también fue congelado o siguió creciendo “a razón de US$ 900 millones por año”, tal como amenazaban entonces para que los legisladores aprobaran el malhadado acuerdo Duarte/Kirchner.

 Nos toca aclarar, gracias al balance general del 2009, logrado extraoficialmente, que el cuadro de la deuda de la EBY con el Gobierno argentino es el siguiente:

•       Deuda con el Gobierno argentino al 31 de diciembre de 2005: US$ 4.688, 4 millones.

•       Deuda al 31 de diciembre con Acreedores Financieros: 694,1 millones.

•       Recursos previstos para el PTY a partir de del 1 de enero de 2006: US$ 730 millones.

•       Provisión al 31 de diciembre de 2005 de la deuda de ANDE con el Banco Nación Argentina: 106, 3 millones.

•       Total, US$ 6.218,8 millones-

•       Monto devengado durante el lapso 2006/2009 en concepto de actualización e intereses con el gobierno argentino, US$ 2.297 millones.

 Los manejos de los actuales administradores del “monumento a la corrupción” distan de ser transparente. En efecto, nada se dice de las objeciones de la Contraloría General de la República a la pretendida “deuda novada” de la entidad en el 2005. Recordemos que advertía que gran parte de la misma carecía de documentos respaldatorios, razón por la cual aconsejaba su rechazo.

Apuntemos también los intereses y actualizaciones del pasado deben imputarse al atraso del proyecto, más de 20 años, y el atraso casi exclusivamente a los gobiernos argentinos. La tarifa política que se le impuso hasta la fecha, de la cual se aprovecharon las empresas argentina, también pesa.

Tampoco se aclara cómo se acumularon entre tres años esos US$ 2.297 millones, si a qué capital aplicaron los intereses y actualizaciones devengadas, así como el costo final del PTY, cálculo inicialmente en US$ 730 millones. Si no se aclaran estas dudas y se firma un nuevo “acuerdo”, la decisión de los firmantes, en nuestro caso, tendrá el rancio tufillo de la entrega.

 (*) Analista de Mundo de la Electricidad