Si no desterramos la impunidad de nuestro país, específicamente del Poder Judicial, afirmaciones como las del presidente Horacio Cartes, que «en Paraguay terminará el robo», deben entenderse como meras expresiones de deseo o simples prácticas en el campo de la retórica politiquera.

La impunidad campea en el Gobierno, porque la mayoría de los funcionarios – si no todos – que delinquieron medrando a la sombra de sus cargos públicos no fueron y, según parece, no serán castigados tal como manda la ley.

Si exploráramos el vasto muestrario de la corruptela pública encontraríamos numerosos botones de muestra. Comencemos con el sector eléctrico que lejos está de ser inmune a este mal. Aislemos un caso, el de las sobrefacturaciones que denunció insistentemente la prensa en el pago de las indemnizaciones por parte de la ANDE a los propietarios de las tierras que afectó el emplazamiento de la línea de transmisión de 500 kV entre la Subestación de Margen Derecha de Itaipú y la localidad chaqueña de Villa Hayes. El caso sigue en la Fiscalía de Delitos Económicos y todo indica que su destino inexorable es el «oparei».

Rescatemos otro «supuesto» delito. La intención de los directores de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) de adicionar a su ya cuestionado y cuestionable pasivo, US$ 200 millones gastados en territorio argentino y en obras que corresponden exclusivamente al Ejecutivo argentino. El intento, gracias una vez más a la intervención de la prensa nacional, fue frustrado; sin embargo el intento existió y también los intentos de perpetrar un crimen son penalizados, claro que en una sociedad diferente a la nuestra, en la Constitución y las leyes son aceptadas por sus autoridades y ciudadanos.

Si nuestras autoridades de turno, sean del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, tienen la sana intención de detener el mal de la corrupción que ya hizo metástasis y, por ende, pone en riesgo la supervivencia del mismo Estado de Derecho, deben comprender de una vez por todas que la única terapia aceptable es el justo castigo a los funcionarios corruptos, sean del nivel que fueren, en definitiva vulgares delincuentes porque robaron y siguen robando el patrimonio público.

Si se niegan a comprender y, peor aún, se desentienden, tarde o temprano el hartazgo, la indignación del pueblo, en definitiva sus mandantes, estallará y el castigo será peor. Las movilizaciones y la huelga general de marzo último es apenas uno de los síntomas que no pueden, no deben ignorar no solo por el bien de ellos, sino por el de la República.

Ing. Ramón Montanía Fernandez  (Director revista Mundo de la Electricidad)