Ing. Ramón Montanía Fernández (*)
La elevada diferencia en los costos de las construcciones de las líneas de 500 kV, Itaipú – Villa Hayes (US$ 170 millones) y de Yacyreta – Villa Hayes (US$ 89 millones), llamó la atención, no solamente de la ciudadanía, sino también de propio Presidente Horacio Cartes.
El mandatario paraguayo ordenó a los actuales directivos de la ANDE e Itaipú dilucidar las razones de tanta diferencia de precios en las construcciones de las dos líneas, que son transcendentales para el Paraguay.
Otro paso importante fue la intervención de la Contraloría, pidiendo las documentaciones de todo el proceso de licitación adjudicada, en el año 2011 al consorcio CIE-Elecnor, en el gobierno de Lugo, continuo con Franco y culminó en el gobierno actual.
En la construcción de la línea 500 kV Itaipú – Villa Hayes, no solo hay sospecha de sobrefacturación en la obra en sí, sino también en el pago irregular en la indemnización por franja de servidumbre, que según informe de la Contraloría “la estatal pagó de más en concepto de indemnización a los afectados por la franja de servidumbre.
Los montos pagados fueron muy superiores a los que resultaron de las evaluaciones hechas por el Departamento de Topografía, llegando, inclusive, al 5.101%”. Según el reporte de de la Contraloría, “la ANDE no sólo pagó en exceso, sino que además abonó dos veces la indemnización por la franja de servidumbre de la línea de 500 kV. La situación fue constatada por su propia auditoría interna”, consigna el informe.
Entonces, el paso importante que falta es la intervención de la justicia, en este caso de la fiscalía, para dilucidar las sospechas de corrupción en la emblemática obra financiada por el FOCEM, y donde estuvieron involucrados funcionarios paraguayos y brasileros de la binacional y también de la ANDE.
Pero en Paraguay la corrupción precisamente goza de “excelente salud”, por la impunidad, y este mal se debe a que la justicia no tiene el coraje ni valentía para castigar a los grandes sinvergüenzas que dañan tremendamente a la nación y a su gente.
La corrupción y la impunidad seguirán en el Paraguay mientras la ciudadanía decente de este país, mayoritariamente joven, no comienza a ejercer efectivamente su poder, para forzar a los que detentan circunstancialmente el poder, a actúen, aplicando la ley, a fin de sanear nuestro país. La reciente y saludable experiencia en la UNA, que culminó en una barrida general de los abusadores del dinero público confirma fehaciente nuestra opinión.
(*) Director revista especializada «Mundo de la Electricidad»
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