José Antonio Vera (*)
De nuevo, la derecha más rancia de Paraguay y una de las más obtusas de la región, blande la amenaza del juicio político al Presidente de la República y, en este renovado intento, el pretexto invocado es su firma en el Protocolo del MERCOSUR, acordado en la reciente Cumbre de Montevideo, y rubricado por todos los mandatarios de los cuatro países titulares, más otro tanto de asociados.
En somero análisis, sin necesidad de mucha reflexión ni profundidad, queda clarísimo que la destitución de Fernando Lugo es el punto central del plan táctico diseñado por la inteligencia que conduce el contubernio de los sectores cavernarios de los partidos de la derecha nacional, en concubinato con referentes del empresariado vendepatria, con fuerte presencia en los medios de comunicación, vinculados con la línea desestabilizadora de los gobiernos progresistas de Sudamérica que induce y practica Estados Unidos.
Eso se produce a nivel de la elaboración táctica, en parte aplicada ya en varias fracasadas ocasiones, pero el fin, es decir, el objetivo final, es sepultar las medidas sociales que están en marcha y que este Gobierno, con todos sus errores y desviaciones, puede exhibir como el mayor avance del país en más de un siglo. Lugo representa el primer eslabón del plan golpista en ciernes.
Esa constatación es fácil de encontrar comparando la política desarrollada a nivel país durante muchas décadas de Gobiernos colorados y algunos liberales, con los resultados en medidas sociales de estos 40 meses de la administración del gabinete de Lugo, cuyos logros más notorios y significativos han sido fuertemente impulsados por las movilizaciones populares, en particular campesinas.
En especial y de forma descarada, aunque con la cobardía que históricamente ha caracterizado a la derecha en todo el mundo, jamás reconocerá que su enemigo principal, en Paraguay y en toda la región, no es sólo el/la Presidente/a de turno, sino la voluntad de cambios que reclama la mayoría de la población, la decisión de la gente de vivir en un país mejor que, en el caso paraguayo, convoca un país en desarrollo constante, que aporte justicia social y equidad de posibilidades para todos sus hijos, 40 por ciento excluídos.
Congreso quiere cobrarle a Venezuela su ingreso
Es irracional e ilógica, desde todo punto de vista, la oposición del Congreso al Protocolo del MERCOSUR, dado que constituye un escudo legal contra el retorno de regímenes totalitarios en la región, un innegable aporte democrático luego de una década casi de avances políticos, económicos y sociales que ni los enemigos, entre ellos los más favorecidos financieramente, se atreven a negar.
La patraña arguye que el Protocolo se hizo a espaldas del pueblo, pero resulta que desde el 21 de diciembre se puede consultar el texto en la web de la Secretaría del bloque regional y, además, para que entre en vigor es imprescindible que lo apruebe el Parlamento de cada Estado signatario, cosa que en el caso paraguayo aparece distante.
No es necesario dar más vueltas. El caracú del problema es que legisladores y medios comerciales de prensa en Paraguay, están abrazados desde hace mucho tiempo en una intensa campaña contra una integración regional más eficaz y solidaria, con políticas económicas autónomas de cooperación, y relaciones diplomáticas internacionales sin sujeción a ninguna potencia.
Varios parlamentarios paraguayos continúan replicando la misma absurda oposición al ingreso de Venezuela al MERCOSUR, “porque no es un país democrático”, con lo cual el Congreso Nacional se ha ganado los laureles de la estupidez y de la venalidad, al negar el derecho de un país y de un Estado soberano, a sumarse al bloque regional.
En cambio, para esos sesudos leguleyos, el régimen hondureño, por ejemplo, parido por el Golpe de Estado de junio del 2009, es democrático, pero no el de Hugo Chávez, con ocho referendos ganados entre diez, y un reconocimiento inmediato y público, a las dos derrotas.
El Presidente del Senado, Oviedo Matto, llegó incluso a pedir que Venezuela pague la deuda externa de Paraguay, menos de 3.000 millones de dólares, según el Banco Central, y otros que PDVSA condone la deuda del monopolio estatal PETROPAR, de unos 300 millones, y que le venda el petróleo a un precio muy inferior al actual. Chantaje abierto.
La salud del país reclama unidad popular, democrática y progresista
En abril del 2008, Lugo ganó por la convergencia de diversos y diferentes factores que tuvieron el mérito de coincidir en la certeza de que este país, como otros de la región, puede y tiene que cambiar, que todo depende de la propia ciudadanía movilizada, creciendo en su educación cívica, y en defensa y práctica de sus derechos individuales y colectivos, con dirigencias políticas partidarias capaces de sacrificar intereses sectarios para coincidir en un programa que transforme estructuralmente al Paraguay.
El desafío central para el pueblo fue en el 2008, y es en este 2012 electoral, no quedarse sólo en el hartazgo, sino revertir esa reacción en la herramienta esencial de la voluntad mayoritaria de cambiar el orden de la vida nacional.
La cosa es fundir las esperanzas con las convicciones y los mejores valores morales que aún atesora esta Patria mediterránea, de calientes tierras rojas, para crear el factor más decisivo y capaz de dar vuelta la relación de fuerzas entre la sociedad y el Estado, esa nueva institución a construir entre todos, como locomotora del Nuevo Paraguay, ese que está ahí, que asoma, pero que sin la participación directa y muy comprometida de sus mejores hijos, sólo será una ilusión
(*) argenpress.info
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