Por Luis Alen (*)

Tanto la falta de cemento como los cortes de electricidad son dos episodios emblemáticos demostrativos de dos aspectos fundamentales de la economía nacional

Uno de alguna forma inevitable y otro producto de la negligencia del liderazgo político. El primer aspecto, es consecuencia lógica del fuerte crecimiento económico que no resulta acompañado por la suficiente inversión estatal, y el segundo, indica claramente la falta de rumbo de la política gubernamental de incentivo a las inversiones, sean públicas o privadas, privilegiándose el gasto superfluo o de consumo, además de persistir en un modelo de desarrollo antinacional, como es la expulsión de gente del campo sin darle oportunidades de trabajo, por lo que se vuelcan a la delincuencia o están al servicio de las mafias del narcotráfico y todos los ilícitos posibles de frontera

Son realmente lamentables las explicaciones que dan los ministros del presidente Lugo, y éste mismo, sobre el problema de la Industria Nacional del Cemento y de otras empresas estatales, culpando casi siempre al desgobierno colorado de 60 años o incluso a los especuladores, como si fuera que éstos surgen por generación espontánea, ya que son sólo producto de la misma causa, es decir, la ausencia de inversión para renovar y ampliar las instalaciones cementeras de Vallemí y Villeta, o de los transformadores y redes de la Ande, para poner sólo dos ejemplos de los entes más afectados por la necesidad de dar respuestas a un mercado que crece y necesita de insumos básicos como el portland y la electricidad.

Es cierto que los problemas de la INC y la Ande son de antigua data, y que su estado de decadencia productiva se veía venir hace años, pero no por ello un gobierno que se precie de responsable debe cruzarse los brazos y no hacer nada.

Por el contrario, desde el mismo momento en que asumió el gobierno actual, se debió realizar un plan urgente de salvataje de las empresas públicas, que incluya la capitalización con aporte privado y su eventual traspaso a empresarios que asuman el riesgo y levanten a estas empresas que son esenciales para el desarrollo nacional.

Pero se cometió el peor de los desatinos cuando las empresas formaron parte de los llamados “cupos” políticos, entregándose estas vitales unidades productivas en subasta como parte de acomodos del poder de turno.

Los sindicalistas de estas empresas públicas, muy ocupados en detener cualquier “entrega” de los entes a manos privadas en supuesta defensa de la soberanía paraguaya, no atinaron a realizar acciones firmes hasta ahora en contra del manejo catastrófico de las entidades.

Los sindicatos estatales y la izquierda se rasgan las vestiduras cuando aparecen proyectos totalmente coherentes con una línea de desarrollo nacional, como el caso de las concesiones de aeropuertos, que permitirán por fin contar con una infraestructura apropiada para poner al Paraguay en primera línea en el competitivo transporte aéreo mundial.

No en vano las autoridades económicas ya hablan de que la economía nacional crecerá mucho menos este año que en 2010, porque evidentemente se asustan ante la realidad de un mercado con mayor capacidad adquisitiva que demanda cemento, electricidad y otros bienes y servicios, que el Estado y sus empresas no le pueden proporcionar en la cantidad creciente que genera el crecimiento económico.

La capacidad de reacción del gobierno ante la necesidad de seguir creciendo y aprovechar el fuerte apalancamiento de 2010 debió ser otra, en vez de contentarse con cifras más modestas.
Evitó salir a decir que se afrontará el desafío del crecimiento, poniendo en condiciones aquellas empresas estatales claves para seguir apuntalando el incremento del PIB, acudiendo a la inversión privada, a la capitalización con aporte interno o externo y, eventualmente a las importaciones de los bienes que escaseen en el territorio nacional.

Con su actitud diletante, el gobierno se arriesga a terminar su período con la misma calificación que los anteriores, de “entreguista”, porque le hacen el juego por ejemplo a los intereses brasileños, casi siempre, como en el caso de la electricidad, ya que el 90 por ciento de la generación de Itaipú sigue fluyendo al vecino, cuando se avizora claramente que el consumo eléctrico paraguayo presionará cada vez más para utilizar el 50 por ciento que le corresponde al país en la usina binacional, poniendo en jaque al consumo brasileño, que deberá buscar otras fuentes ante el avance de la demanda del Paraguay y ante la posibilidad de vender la electricidad a terceros países.

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