Por Luis Alen.

El factor Estado se está constituyendo en demasía en un obstáculo para el libre desarrollo de las inversiones de gran porte capaces de promover un giro fundamental hacia el desarrollo del país a largo plazo.

En el caso paraguayo resulta siempre un obstáculo insalvable la traba que significa depender de los altos costos de la energía eléctrica, debido a que la empresa estatal monopólica lo que menos hace es trabajar en función a una política de transformación de la economía hacia un proceso de industrialización.

Cuando los estatistas de la izquierda y de los sindicatos del área energética lanzan sus dardos contra proyectos como el de Rio Tinto Alcan (RTA) mencionan la consabida triquiñuela del exagerado precio diferencial que pide la multinacional del aluminio atendiendo a que el costo de la tarifa dela ANDEestá por encima de cualquier posibilidad de operar con competitividad en el mercado internacional. Es el conocido impedimento del alto costo del Estado lo que inhibe muchas veces cuadrar los análisis financieros de las empresas a las posibilidades reales de competir.

En vez de plantear que los inversionistas de RTA o de cualquier otro mega proyecto electrointensivo que se presente para utilizar la energía hidroeléctrica abundante que se regala a Brasil y Argentina, sean beneficiados con una reducción del alto costo de las empresas estatales que se quiere cargar sobre la instalación de industrias, los defensores del estatismo paraguayo se afanan por demostrar que el “subsidio” solicitado es “perjudicial para el país”.

Sin embargo, lo dañino para nuestra economía son los altos costos con que operan las empresas estatales monopólicas del tipo dela AdministraciónNacionalde Electricidad (ANDE), que continúan incrementando su dotación de personal en vez de realizar las inversiones necesarias en ampliar las redes eléctricas, que a estas alturas ya se debieron concesionar a empresas privadas, especialmente en el ámbito de la transmisión del fluido.

Según los personeros del gobierno anterior del área energética y de los sindicatos de Itaipú, la figura del “subsidio” estaría reservada sólo a auxiliar a sectores menos favorecidos de la sociedad y en ningún caso a empresas con fines de lucro ni siquiera bajo el rótulo de generador de desarrollo, pero ni una palabra se menciona sobre el elevado costo del Estado como elemento de regresión en el desarrollo económico nacional.

Se tomaba como natural en el  luguismo, tanto enla ANDEcomo en el Viceministerio de Minas y Energía, una aplicación tarifaria para Rio Tinto no menor de US$ 60 MW/h, sin reparar en el factor esencial del costo Estado, que resulta inconveniente para el desarrollo de inversiones del tamaño de RTA. En una palabra, que la empresa elaboradora de aluminio debía cargar sobre sus balances el altísimo costo del Estado, haciendo de paso inviable la transformación desarrollista del país.

Al cálculo hecho por la izquierda también lógicamente se carga el costo de la energía de Itaipú que la ANDE debe pagar, conociendo que el Paraguay está recibiendo actualmente una compensación paupérrima del Brasil, y que por tal motivo conviene mucho más utilizar la energía que le corresponde a nuestro país en el desarrollo industrial.

Rematan sus análisis aduciendo que la consultora contratada para estudiar el precio de la energía a cobrar a RTA propone valores muy inferiores al nivel de costo de US$ 60 MW/h, especulando con que obviamente los consultores tienen una óptica más favorable hacia la empresa inversora multinacional.

“Si el negocio propuesto pretende satisfacer las necesidades de sólo una de las partes y permea todas las razones técnicas, el Congreso Nacional tendrá la decisión final con criterio ético, justo y prudente en esta propuesta. Una negociación hipotecada la pagaremos todos los paraguayos además de nuestros descendientes, sugiero mesura y patriotismo en este asunto”, esgrimió Ernesto Ayala, dirigente sindical dela Itaipú.

Nada más lejos dela realidad. Lo que el país necesita son inversiones del porte de Rio Tinto Alcan (RTA) para así cambiar la imagen del país y propiciar la venida de más industrias alrededor de la planta de aluminio. En ningún momento se puede supeditar la posibilidad de esta inmejorable oportunidad de progreso económico nacional al mantenimiento del costo Estado. Lo que corresponde es tomar la decisión de la transformación industrial del país, reduciendo los costos de un Estado antidesarrollista y volcado sólo a mantener los intereses de la oligarquía agroganadera y la burocracia sindical de los funcionarios públicos.

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