Por Juan Carlos Decoud*

La convención constituyente de 1992 debe ser recordada como una expresión discriminadora contra los paraguayos residentes en el exterior.

De ella quedó plasmado el artículo 120 que expresa: “Son electores los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio nacional…”. Es decir, un paraguayo que por diversos motivos vive fuera del país se encuentra excluido del principal medio de decisión en un sistema democrático: El voto.

Esta actitud excluyente también fue manifestada durante aquella víspera del 9 de mayo de 1993, cuando los agentes del control migratorio embistieron un portazo en las narices de los connacionales que llegaban para ejercer su derecho a elegir a las autoridades nacionales y departamentales.

Ante la oportunidad de reivindicación de los compatriotas emigrados, la cámara de diputados suspendió por cuarenta y cinco días el tratamiento de la enmienda del artículo 120 que hasta ahora niega al “Paraguay de afuera” su derecho al voto.

Próximamente la región testimoniará nuevas elecciones generales en el Brasil y la Argentina, en ambos casos podremos observar cómo los ciudadanos de aquellos países acuden a sus respectivos consulados para elegir a sus presidentes, en igualdad de condiciones con sus compatriotas residentes en el territorio de origen. Lo mismo pudo comprobarse durante las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos y de los demás estados con representación en el nuestro. Más aun, la tecnología ha facilitado acentuadamente el ejercicio de los derechos ciudadanos evidenciando la sin razón de la negación de dicha atribución, incluso fuera de las fronteras materiales.

Hoy el parlamento nacional recibe una enorme oportunidad de reconciliación con la causa del Paraguay migrante, ese Paraguay expulsado por inequidades económicas, ese Paraguay de las remesas que oxigenan al Banco Central, ese Paraguay pendiente de las noticias de la tierra lejana y anhelante del retorno a la patria soñada.

Esa patria del éxodo en la que cada sector parlamentario está plenamente arraigado y cada expresión política presente. En efecto, desde la multicultural Nueva York hasta la mediterránea Barcelona; desde las plazas madrileñas hasta la no menos cosmopolita Buenos Aires se encuentran las identidades políticas paraguayas: coloradismo, oviedismo, liberalismo, febrerismo y todos los “ismos” acuñados a la paraguaya encuentran su bastión.

Una vocación estadista y un reconocimiento histórico convocan a cada parlamentario nacional. Será el germen de una reparación histórica hacia ese pueblo donde cada diputado y cada senador cuentan con centenares de simpatizantes ansiosos por vivar sus nombres en los actos proselitistas, ostentar sus calcomanías por la vía pública y depositar su confianza en una urna consular.

En un proceso que presupone un paso significativo hacia la superación del Paraguay de pocos, la historia ofrece su revancha a las élites partidarias, al menos en este caso. Materialmente, la iniciativa no exige más que la aprobación de la expresión: “Son electores los ciudadanos paraguayos, sin distinción, que hayan cumplido 18 (dieciocho) años”. Frase tan sencilla que hasta exige supresión antes que agregación de palabras; pero supresión con amplia voluntad incluyente.

Ni más ni menos señores diputados; la simpatía histórica del “Paraguay de afuera” les espera y no por mera concesión, sino como medida de justicia.

Y como ciudadanos, nos interpela el derecho del pariente, del amigo, del vecino emigrado; pendientes de conquistar otra vía de comunicación con su país natal. Nos convoca la solidaridad de los ausentes en cuerpo, pero tan presentes en voluntad y sacrificio. Por el “Paraguay de afuera”, por la justicia, POR EL PARAGUAY. Y SERÁ JUSTICIA

*para la Gaceta Guaireá