Javier Rodriguez Roque (PL) *

La masiva deforestación de los bosques en Paraguay realizada por grandes empresas agroexportadoras y por contrabandistas de madera provoca hoy una situación alarmante en el país.

Especialmente en las importantes áreas agrícolas del norte paraguayo se impone la ley del más fuerte por esos empresarios que no tienen límites a la hora de violar las leyes, de acuerdo al reconocimiento de las propias autoridades ambientales.

Como ejemplo vivo de lo anterior están las declaraciones que acaba de emitir la ministra de la Secretaría del Ambiente, María Cristina Morales, evidentemente impactada ante los resultados de un recorrido realizado por el departamento de San Pedro.

Las afirmaciones son muy concretas pues de continuar adelante el nivel de tala existente en la nación desaparecerán los bosques en un tiempo tan corto como de cinco años aproximadamente, según sus estimados.

El abrumador planteamiento fue calzado con la noticia de que este mismo año los depredadores del ambiente lograron echar abajo unas 30 mil hectáreas de bosques y no se detienen en su voracidad por seguir materializando ese atentado.

Todo esto va acompañado del desalojo de asentamientos campesinos e indígenas quienes van a parar a los bolsones de pobreza existentes alrededor de Asunción y otras ciudades o de la absorción de sus habitantes para los planes de los sojeros liquidando así la emblemática agricultura familiar.

Los departamentos de San Pedro, Amambay y Canindeyú son las áreas más castigadas en el norte paraguayo por la deforestación principalmente a causa de la masiva incursión de colonos brasileños que compran o arriendan haciendas para el cultivo de soja y maíz, aseguran esos datos oficiales.

Es verdad que existen leyes aprobadas con multas para las empresas contribuyentes a esa deforestación masiva, pero también se denunció por los mismos funcionarios de la Secretaría la asignación de licencias y permisos de tipo ambiental obtenidos por medio de sobornos y sin posterior verificación de su utilización.

Así las cosas el peligro se acrecienta, los daños ambientales, económicos y sociales aumentan y la situación relatada reclama soluciones a un problema de tal magnitud que ya es imposible de soslayar.

* argenpress.info