Dr. Rafael Conrado Buongermini
rbuongermini@uade.edu.ar

La opinión generalizada de la gente percibe que existe una crisis de las instituciones. Lo que el pueblo escucha y manifiesta es que ciertas organizaciones de la sociedad política y civil, privada y pública no cumplen o no se les permite cumplir con los objetivos para los cuales fueron creadas. En algunos casos, estas organizaciones, se encuentran vacías de contenidos y en otras sus integrantes o quienes las dirigen o controlan exhiben posturas autistas. Se encierran en sí mismos y pierden contacto con la realidad.

Institución es toda conducta, acción o comportamiento humano, sujetos a normas, que gobierna un área importante de la vida política, social y económica y que tiene estabilidad y permanencia en el tiempo.
Inicialmente encontramos en las instituciones dos aspectos a destacar: son creadas con una organización regida por normas, derivadas de un contrato público o privado. En segundo lugar, sus integrantes son accionistas, asociados, ciudadanos o habitantes con conductas personales que pueden ser positivas o negativas, buenas o malas Así, muchas veces, las falencias de las instituciones pueden encontrarse en los hombres que las componen o gobiernan y que tienen la posibilidad de no corresponder a la confianza depositada en ellos. En estos casos las soluciones no se encontrarían en cambiar leyes o estructuras sino en cambiar funcionarios o representantes con mentalidades y conductas inapropiadas.

La formalidad consiste en la existencia y cumplimiento puntual y exacto de las normas jurídicas que regulan las instituciones públicas o privadas y las conductas de las personas naturales o jurídicas vinculadas a ellas. La informalidad es lo contrario. Es el incumplimiento o desentendimiento de los trámites o procedimientos establecidos en las organizaciones.
Las causas de las crisis de las instituciones tienen dos fuentes. La primera y fundamental es interna y flota y navega en la informalidad. Quienes por su representación pública o privada deberían servir los intereses de los ciudadanos, accionistas o asociados se rigen por su ley, que es la norma interpretada o acomodada a su exclusivo criterio. La organización se convierte en feudo personal de ciertos representantes o controladores ajenos a los demás y la constitución, el contrato o el estatuto del ente son guardados bajo doce llaves y sólo se los ventila cuando encuentran algún artículo que justifica su modo de proceder. La segunda, son los olvidados, los de afuera, los que deberían recibir los beneficios o servicios de las instituciones, son los convocados exclusivamente en los comicios o en las asambleas y a quienes se los castiga con un excesivo formalismo. La denuncia o la protesta justificada de este olvidado sector deben recorrer un largo y penoso camino, sin salida. Son víctimas, a quiénes se les encomiendan la frustrante tarea de encontrar a sus agresores, detenerlos y procesarlos.

La ley del Estado es la Constitución. Las de las organizaciones civiles son el Contrato y el Estatuto.

Las instituciones son los pilares de la República y las palancas del crecimiento de los pueblos.