Algo más, mucho más, que visados consulares…

Una multitud –imposible de cuantificar- de nuestros compatriotas creen que la única preocupación del político paraguayo, es ocuparse de sí mismo: cuidar su kokué’i, sus dietas, sus privilegios presentes y pensar en la próxima elección. Y tal vez no estén tan equivocados.

 Pero, lamentablemente, en el aspecto legislativo, son “los dueños” de hacer las leyes que enmarcan toda la actividad jurídica de los habitantes de nuestro país y de los paraguayos del exterior. Y estos últimos, en lo atinente a trámites donde interviene el Estado Paraguayo, son los afectados directos. A veces no les queda otra alternativa que tragarse el sapo…

Nos referimos específicamente a la Ley 4033/10 que establece el cobro de aranceles consulares sobre toda documentación solicitada por los residentes en el extranjero, para regularizar su situación migratoria en el país donde reside y aunque estábamos de acuerdo con el espíritu de la ley,  en este sitio y en  la edición anterior del periódico “Paraguay ñane retã”, lamentábamos que la misma haya sido aplicada en forma tan abrupta

Felizmente los que gestionan el día a día la marcha del Estado son los funcionarios que asumen la titularidad  de un ministerio, de una representación diplomática u otro organismo gubernamental con debidos antecedentes y títulos que ameritan el ejercicio  responsable de su cargo. Incluido el sentido común.

Esto viene a cuento del nuevo enfoque de razonabilidad dado por el Poder Ejecutivo de nuestro país a través de la Cancillería en relación con los aranceles consulares para los residentes paraguayos en Argentina: tuvo el tino de rever su puesta en marcha y, lo que es más, han exonerado el cobro del  visado de los documentos necesarios para regularizar su situación migratoria.

Esta disposición, aún siendo temporal y por ende provisoria, ayuda sustancialmente a disminuir el tradicional y casi innato escepticismo de los paraguayos en referencia con la idoneidad de los integrantes del gobierno nacional.

Lo antedicho está lejos de ser “cepillerismo”, porque este hecho gubernamental beneficia concretamente a nuestra comunidad de todos los estratos sociales, a la gente real, hombres, mujeres y niños de carne y hueso; con problemas y expectativas propias que se acentúan en el exterior a causa del desarraigo y el techaga’ú.

 Un acto de estricta justicia que pone en su lugar al tratamiento de dicho tema a la vez que una conducta ejemplar digna de ser emulada por los otros poderes del Estado.

Y, ¿por qué no? Una reconfortante bocanada de aire fresco que nos devuelve la credibilidad hacia nuestras autoridades quienes, al final de cuentas, demostraron que este caso, transitaron la senda correcta de la que esperamos no se desvíen.