Estela Ruíz Díaz (*)

 Análisis político

Cuando el Poder Ejecutivo envía al Congreso el Presupuesto General de la Nación a más tardar el 1 de setiembre, como reza el artículo 216 de la Constitución, el Poder Legislativo da rienda suelta a sus peores perversiones y empieza la desenfrenada orgía de la irracionalidad política.

Todos los años vemos la misma película, pero para desgracia del país, los protagonistas son cada vez más terroríficos que no muestran la mínima piedad por el dinero público.

Este año, el análisis presupuestario tiene un plus trágico: las elecciones presidenciales, que previamente obligan a las internas partidarias. Por lo tanto, los senadores y diputados darán luz verde a cuanto pedido de aumento salarial, o cualquier ítem ministerial que permita la fuga de fondos para los gastos de campaña o congraciarse con los sindicatos públicos para obtener su apoyo electoral.

EL INICIO. Según establece la Constitución, apenas el presidente de la República remite al Congreso el proyecto, se conformará una comisión bicameral que le dará prioridad absoluta al análisis. Aquí se inicia el despilfarro. Por de pronto, esta instancia ya aumentó 630 millones de dólares al presupuesto original remitido por el Ejecutivo. Y eso que faltan los aumentos de los diputados y los senadores.

EL TSJE, CUÁNDO NO. En el marco del estudio presupuestario hay algunas instituciones que tienen el privilegio absoluto para la aprobación de sus fondos. Una de ellas esla Justicia Electoral, que en esta primera instancia no solamente obtuvo lo que pidió sino mucho más. Con el argumento de las elecciones, dispondrá de 175 millones de dólares, de los cuales 50 millones de dólares es para contratar «jornaleros», un eufemismo para los operadores políticos.

SUPUESTA SOLIDARIDAD. Otra de las instituciones privilegiadas son las entidades sin fines de lucro, agazapadas en fundaciones y organizaciones no gubernamentales que escapan a todo control.La Comisión Bicameralaumentó de158 a186 las entidades que recibirán dinero del Estado el próximo año. El Ejecutivo pidió G. 46.300 millones (USD 10,5 millones) y los «generosos» parlamentarios elevaron a G. 81.447 millones (USD 18,3 millones), G. 35.053 millones más, que equivale a un aumento del 75%.

En la lista aparecen instituciones conocidas por su trayectoria, pero la mayoría son simples fachadas para un negociado parlamentario, que vieron en las fundaciones así como las universidad una manera de diversificar el negocio.

EL HUEVO O LA GALLINA. En otros países del mundo el debate se centra en la necesidad de potenciar el rol legislativo en los procesos presupuestarios.

En Paraguay, en los inicios de la transición y cuando el Parlamento tenía más virtudes que defectos, los legisladores aplicaban la tijera a la propuesta del Ejecutivo porque recortaban. Hoy es totalmente al revés. Los aumentos al presupuesto son absolutamente irracionales porque no tienen fuentes de financiamiento. Son aumentos populistas que ponen en jaque las finanzas públicas sin la menor responsabilidad porque cuando hay huelgas por falta de pagos, la mira acusadora apunta al Ministerio de Hacienda o al presidente de la República, cuando los responsables son los irresponsables legisladores.

La Constitución paraguaya de 1992 le ha otorgado superpoderes al Congreso por aquello de la dictadura, y uno de ellos es el tema presupuestario, ya que no tienen tope como en algunos países.

El Ejecutivo está atado de pies y manos, porque si no aprueba el presupuesto aprobado por el Congreso, está obligado a ejecutar el del año anterior, que generalmente tiene el mismo vicio.

El estudio del presupuesto pone en debate la seriedad política del Congreso en cuanto al uso racional de sus atribuciones.

Su abuso de poder en este y otros temas obliga a debatir la necesidad de ponerles límites. Es como cuando abusamos de la libertad sin pensar en el derecho de terceros.

El Congreso, cada vez más mediocre y corrupto, pierde cada año su oportunidad de convertirse en actor protagónico del proceso presupuestario dando a cada quien lo suyo con la vara de la racionalidad y la justicia.

El Poder Legislativo está pensado como freno y contrapeso en un sistema democrático. En Paraguay, no es precisamente un severo custodio de las finanzas públicas, sino un saqueador desvergonzado que actúa con la ley en la mano, a plena luz del día y desafiando la paciencia de los ciudadanos.

Los candidatos presidenciales lanzan tímidas críticas para parecer políticamente correctos, pero no se oponen al despilfarro, porque sus operadores son los principales ejecutores de esta estafa que se repite cada año como ritual de la prepotencia política.

(*) ultimahora.com