Gabriela Origlia (*)

Unos 400 inmigrantes fueron perjudicados por las operaciones ilegales de la secretaria de un tribunal de Córdoba; la autora de la maniobra recibió una pena en suspenso y una multa de 70 pesos. La mayoría de los damnificados son chinos, pero también hubo paraguayos, un italiano y un sirio.

 Córdoba.– A diferencia de lo que le sucedía a Viktor Navorski -el protagonista de la película «La Terminal»- el país de Wei no dejó de ser reconocido por la Argentina. Por el contrario, se aspira a que China sea un socio estratégico.

Pero para conseguir la ciudadanía argentina, él renunció a la suya. Durante una década tuvo DNI y pasaporte argentino, pero en octubre pasado el Registro Civil le notificó que le retirarían la documentación porque había sido obtenida por medio de un fraude detectado en el tribunal federal N° 1 de esta ciudad. Él nada tuvo que ver con ese fraude; es, en todo caso, una de las 400 víctimas conocidas. Wei es, hoy, un apátrida.

Nacido en 1967 en la provincia china de Fujian, después de trabajar dos años en Japón llegó a la Argentina en 2001 con su esposa; pusieron un comercio y compraron una propiedad. Su hijo, Marcelo, nació en diciembre de 2003. Dos años después, en vez de pedir la residencia permanente por tener un hijo argentino, decidió tramitar su ciudadanía. Contactó a una gestora por un aviso en un semanario chino e inició los trámites ante el juez federal Ricardo Bustos Fierro. En 2006 le entregaron la carta de ciudadanía. Con su documentación argentina pagó impuestos, viajó, votó y realizó operaciones comerciales durante diez años, hasta la famosa notificación del Registro Civil.

En cuanto se presentó ante Migraciones quedó detenido. Dos días después salió gracias a un hábeas corpus, luego de pagar la fianza de $100.000 impuesta por Migraciones. Déborah Huczek, abogada de Wei, explicó a LA NACION que Migraciones lo detuvo porque no estaba notificada del trámite de nacionalidad y la residencia de Wei estaba vencida. Esa causa se dirime en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 9 de la ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, Migraciones lo denunció penalmente en el juzgado federal N° 9 por usar documentación falsa. Por una medida cautelar, Wei conserva el DNI para tener un medio de identificación personal.

Cómo se llegó a esa situación? Olga Bormeo, empleada del juzgado de Bustos Fierro, realizó operaciones fraudulentas durante varios años. Compañeras que observaron irregularidades plantearon el caso y el fiscal cordobés Enrique Senestrari hizo una presentación.

«Hicimos un allanamiento en oficina de Ciudadanía del juzgado y detectamos una serie de irregularidades -señaló Senestrari a LA NACION. Durante un tiempo recibimos llamadas de embajadas en distintos lugares del mundo por gente que quedaba varada al secuestrársele el pasaporte».

El fiscal admitió que quienes realizaron el trámite para obtener la ciudadanía lo hacían de «buena fe» y fueron «perjudicados», pero todavía cree que podría haber existido alguna red o grupo de trata detrás.

La mayoría de los damnificados son chinos, pero también hubo paraguayos, un italiano y un sirio. En general, pagaban a gestores para que los ayudaran con la documentación. A Wei le costó 1000 dólares.

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