Tras 16 años de tramitación, este viernes -27 de mayo- se conocerá el veredicto del juicio del Plan Cóndor que se tramita en un tribunal federal argentino. Se investigan secuestros coordinados por las dictaduras de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Uno de los impulsores del proceso, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, habla de responsabilidades de personas y grupos que instigaron, promovieron, facilitaron o se beneficiaron de esos crímenes

Plan Condor – Desde octubre de 1975, se gestó la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, conocida generalmente como Plan Cóndor. La misma significó la creación de una “oficina de coordinación y seguridad”– que funcionó en las décadas del ’70 y el ’80- que estuvo integrada por los servicios de inteligencia y organismos de seguridad de varios países sudamericanos con la finalidad de  “enfrentar la acción de la guerrilla”,  utilizando métodos de represión ilegal.

En noviembre, durante la clausura de la 1º Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional, se firmó en Chile un acta que establecía la conformación de un organismo llamado Cóndor. A partir de 1978, se incorporaron a él  Ecuador y Perú.

El «Plan Cóndor» formó parte de la instauración de la Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina cobijada por los Estados Unidos. ¿Cuáles eran los objetivos del plan? Compartir información obtenida por los respectivos servicios de inteligencia; eliminar la actividad armada de las guerrillas comunistas; vigilar las fronteras para evitar que quienes estaban perseguidos pudieran exiliarse en los países vecinos; formar cuadros de las fuerzas de seguridad para operar en toda Latinoamérica o en otras partes del mundo.  Adiestrarlos para detectar opositores, secuestrarlos, torturarlos; y luchar para mantener en las sociedades la vigencia de  valores “occidentales, humanistas y cristianos”.

Los opositores políticos –militantes sociales, religiosos, profesionales, docentes, trabajadores, estudiantes considerados «zurdos»- eran detenidos en cualquier país. El seguimiento y secuestro estuvo a cargo de grupos de policías, militares de civil, paramilitares que se trasladaban en vehículos sin identificación; recorrían los barrios, las ciudades, los pueblos, buscando guerrilleros, activistas, “zurdos”. Una vez secuestrados, eran llevados a prisiones clandestinas, donde policías,  militares y/o paramilitares realizaban operaciones para obtener información: tortura física y psicológica. Todo este proceso no quedaba oficialmente registrado, incluso cuando había que llevar a algún detenido al hospital se contaba con colaboradores que no registraban ese ingreso. 

Si los detenidos eran extranjeros y eran reclamados por las autoridades represivas de su país de origen, eran trasladados clandestinamente hacia allí. En ocasiones, se llegaron a realizar ejecuciones de detenidos a pedido de las autoridades represivas de su país natal. Un ejemplo de ello es el asesinato del general Carlos Prats, ex-comandante en jefe del ejército en tiempos del gobierno de Salvador Allende. En septiembre de 1974, miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (DINA) viajaron a Buenos Aires y, en colaboración con agentes de seguridad argentinos, concretaron el crimen del general.

En Washington, fueron divulgadas una serie de comunicaciones del Departamento de Estado que dan cuenta de la forma en que las fuerzas de seguridad uruguayas persiguieron, torturaron y asesinaron a exiliados políticos uruguayos en Argentina, con el apoyo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y con el consentimiento y entrenamiento de los Estados Unidos.

Según esta documentación, el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas de Uruguay (OCOA) y uno de sus líderes, el comisario Hugo Campos Hermida, desarrollaron operaciones de inteligencia de manera sistemática en Argentina desde junio de 1976. Campos Hermida había sido entrenado por la Oficina de Seguridad Pública de Estados Unidos -departamento vinculado a la CIA- que tenía a Dan Mitrione como director en Uruguay.

Dan Mitrione actuó como asesor de seguridad de los Estados Unidos en Latinoamérica. Antes de “trabajar” en Uruguay, lo hizo en Brasil. Allí entrenaba a la policía en la aplicación de técnicas de tortura para lo cual utilizaba como conejillo de indias a vagabundos a quienes nadie reclamaría. Inventó una la silla para choques eléctricos, bautizada por la policía brasileña como la silla del dragón; investigó y desarrolló una técnica para producir la disociación entre el cuerpo del detenido y su mente, utilizando una descarga eléctrica precisa en un lugar vulnerable del ser humano; generó un método para lograr la rendición y sumisión de los detenidos y conseguir la información solicitada.

La dictadura brasileña y sus colaboradores tuvieron una participación especial en todo este plan. Tratando de ser un buen alumno de los Estados Unidos y de transformarse en la potencia hegemónica de América del Sur, colaboró desde Escola Superior de Guerra y luego, desde la Escuela Nacional de Informaciones en la formación de agentes de inteligencia y seguridad. Además, promovió la realización de intercambio de materiales e información producidos por los aparatos de represión de los diferentes países. Los servicios de inteligencia brasileros participaron de la gestación de los golpes militares en Chile y Uruguay.

Esta información se conoció y se pudo reconstruir a través del relato de sobrevivientes; también porque a principios de la década del ´90, se descubrieron en Paraguay documentos secretos de la policía paraguaya que fueron denominados «Archivos del terror» y a partir de la desclasificación de documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En Paraguay, tal vez por error, tal vez porque se sentían intocables e impunes, las fuerzas de seguridad de ese país registraron su accionar y el de sus socios cóndores de los países vecinos. En 1992, algunos sobrevivientes y militantes por los derechos humanos encabezados por el Dr. Martín Almada,  encontraron documentos reveladores de la represión en Paraguay como parte del Plan Cóndor, conocido e incentivado por el gobierno de Estados Unidos.

Esos documentos que son conocidos como “Los archivos del terror” muestran redes represivas más allá del Cono Sur. Redes tendidas por medio de grupos anticomunistas –militares y paramilitares- que daban apoyo a los regímenes militares, participaban de ellas delegaciones de México y de varios países centroamericanos.

Archivos similares fueron descubiertos en los sótanos del Ministerio de Gobierno en La Paz – Bolivia. Los documentos ponen al descubierto los actos de tortura, vejámenes y humillación llevados a cabo por la dictadura de Hugo Bánzer y sus socios del Cono Sur.

Los documentos del Departamento de Estado estadounidense, implican al ex-secretario de Estado, Henry Kissinger, y a otros altos funcionarios en la represión llevada a cabo en América Latina. Mucha documentación muestra los fluidos intercambios entre la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y el Departamento de Estado en Washington. Estos escritos dan cuenta de que las administraciones estadounidenses de Ford, Carter y Reagan, estaban informados y conectados con la represión que se estaba llevando a cabo en Argentina y que, pese a reclamos formales en defensa de los derechos humanos, consideraban el plan de exterminio que se estaba llevando a cabo en Latinoamérica como indispensable para defender los intereses económicos y políticos de los Estados Unidos y sus colaboradores locales.

En Argentina, la justicia federal elevó a juicio oral y público la causa que investiga la acción represiva conjunta de las dictaduras del Cono Sur. Esta decisión afectó al ex-presidente de facto Jorge Rafael Videla  y a los militares Eduardo Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Santiago Omar Riveros y Eduardo Daniel De Lio, entre otros. A todos se les imputaron delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del denominado Plan Cóndor.

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