Mark Weisbrot (*)

El anuncio por parte de Venezuela de que se retirará de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha sido acogido con la habitual burla de los medios de comunicación estadounidenses, la mayoría de los cuales hace mucho tiempo abandonaron cualquier pretensión de neutralidad periodística con respecto a este país.

No obstante, si tomamos un poco de distancia de la línea de los grandes medios de comunicación, la decisión de Venezuela tiene su lógica. La OEA, y en particular bajo su actual Secretario general, Luis Almagro, no es exactamente el organismo multilateral que pretende ser. Almagro, con el apoyo de los EE.UU., libra desde hace años una guerra santa contra Venezuela. En el 2015, intentó deslegitimar durante meses las elecciones a la Asamblea Nacional venezolana, con la acusación de que serían fraudulentas sin la «ayuda» de los observadores de la OEA.

Su comportamiento fue tan fuera de lugar y repugnante que José Pepe Mujica, el ex presidente de Uruguay, denunció a Almagro, su ex ministro de Relaciones Exteriores. «Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido», escribió Mujica, querido y respetado por amplios sectores en Suramérica por su honestidad e integridad. Resulta que Almagro se equivocó por completo, pues las elecciones venezolanas se llevaron a cabo sin problemas y la oposición ganó el 56 por ciento de los votos.

Así las cosas, desde cualquier punto de vista objetivo — independientemente de lo que uno pueda pensar de un lado u otro del conflicto en Venezuela — es difícil considerar la actuación de la OEA como algo distinto a una iniciativa partidista, impulsada por Washington. De hecho, esto nunca habría sucedido hace unos años, cuando la mayoría de los gobiernos suramericanos contaban con una política exterior independiente. Pero hoy día, Brasil, Argentina y Perú tienen gobiernos de derecha que están estrechamente alineados con Washington.

En el 2013, cuando la oposición venezolana inició protestas violentas con el fin de revertir el resultado de una elección presidencial democrática en Venezuela, el entonces Secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se sumó al gobierno de EE.UU. y al gobierno de derecha de España como los únicos actores diplomáticos del mundo que no reconocerían los resultados — a pesar de no existir fundamento alguno para los reclamos de fraude por parte de la oposición. Sin embargo, tanto España como Insulza tuvieron que retroceder bajo la presión suramericana, y luego el secretario de Estado John Kerry finalmente cedió.

Estados Unidos ha manipulado con éxito a la OEA en muchas ocasiones para deshacerse de los gobiernos que no le agradaban. Entre los ejemplos recientes está Haití en 2011, cuando una comisión de la OEA revirtió de forma ilegítima los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales de ese país; junto al golpe de Estado en Haití en el 2004, que fue la culminación de un esfuerzo de cuatro años por parte de EE.UU. y sus aliados ― con la ayuda de la OAE ― para derrocar al gobierno democráticamente electo. El papel de EE.UU./OEA en la destrucción de la democracia haitiana ha pasado en gran parte desapercibido porque la mayoría de los haitianos son pobres y negros.

Los gobiernos latinoamericanos dieron una pelea en el caso de Honduras en 2009, cuando EE.UU. buscaba legitimar el gobierno que asaltó el poder por medio de un golpe militar. Pero a fin de cuentas, Washington logró impedir que la OEA tomara la postura deseada por la mayoría: que la OEA no reconociera las elecciones posteriores al golpe hasta que el presidente electo democráticamente, Manuel Zelaya, no regresara al poder. Hillary Clinton (para ese entonces secretaria de Estado) admitió que logró bloquear con éxito el retorno de Zelaya, en su libro de 2014, «Decisiones difíciles».

La manipulación de la OEA por parte de Washington en 2009, en apoyo al gobierno golpista en Honduras, motivó al resto del hemisferio a crear una nueva organización que excluyera a Estados Unidos y a Canadá.

Pero lo peor del actual intento por parte de Trump y la OEA por deslegitimar al gobierno de Venezuela, es que parece orientarse hacia un cambio de régimen fuera de la ley. Se trata de un guión estándar ― la deslegitimación, seguida por el derrocamiento ― y que alienta la violencia, cuando de hecho son necesarias las negociaciones. Es algo especialmente relevante en el caso de una oposición que desde el golpe militar de 2002, apoyado por Estados Unidos, se ha visto dividida en cuanto al uso de tácticas pacíficas o violentas. Aquellas personas que estiman que se trata de esfuerzos para ejercer una «presión» constructiva sobre el gobierno venezolano son ilusas o deshonestas, especialmente cuando dicha presión proviene de una OEA tan abiertamente partidista y dominada por Washington, y que por lo tanto carece de legitimidad propia.

Venezuela requiere de una solución negociada porque sigue siendo una sociedad polarizada. A pesar de una inflación del 400 por ciento, una escasez generalizada de alimentos y una disminución del PIB de 17 por ciento el año pasado, el presidente Maduro cuenta con un índice de aprobación de 24 por ciento, según la encuestadora contraria al gobierno más confiable (Datanalisis). A modo de comparación, se trata de una cifra superior a la de los presidentes de Brasil (10 por ciento), Colombia (16 por ciento) y México (15 por ciento). Existe una base de venezolanos que apoya al partido de gobierno y teme lo que podría ocurrir si la oposición tomara el poder; la cual incluye a los militares.

El cambio de régimen violento con frecuencia tiene consecuencias imprevisibles y terribles. Está a la vista lo que ocurrió cuando Estados Unidos decidió seguir esta estrategia en Irak, Siria, Libia, Haití y en otros lugares. Venezuela necesita cambios, tanto en lo económico como en lo político, pero deben producirse de forma pacífica, por medio del diálogo, de negociaciones y de elecciones. La estrategia estadounidense de manipular a la OEA con fines políticos hará que esto sea mucho más complejo y a la vez fomenta una mayor violencia política en Venezuela.

El actual presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, le solicitó hace poco una disculpa a la OEA por haber aprobado la invasión de EE.UU. a su país en 1965. Hay cosas que nunca cambian.

 (*) Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del libro “Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global” (2016, Akal, Madrid).

Publicado en Últimas Noticias (Venezuela), 7 de mayo, 2017 // www.alainet.org/es/articulo/185336