Santi Carneri (*)

Miles de estudiantes angoleños y brasileños inundan Asunción atraídos por la flexibilidad y los bajos costos de los cursos intensivos de doctorado y posgrado que ofrecen medio centenar de universidades privadas paraguayas, algunas de ellas cuestionadas por las propias autoridades educativas.

La mayoría de los graduados de estos países comparte la misma inquietud: obtener un título de especialización de forma rápida y más barata que en sus lugares de origen, y así progresar en el escalafón de la Función Pública.

Entre las universidades donde pueden cursarse el postgrado están la Autónoma de Asunción, la de Desarrollo Sustentable, la Unisal, la Americana, la  Metropolitana de Asunción y la Iberoamericana

En Brasil hay mucha demanda de estudios, pero son pocas las plazas para los posgrados y doctorandos en las universidades públicas, mientras que las privadas cobran precios similares a los de Europa, con cuotas mensuales de unos 750 dólares.

En Angola, donde también se habla portugués, la situación es parecida, y el nexo cultural con Brasil atrae a muchos estudiantes a Sudamérica, que eligen Paraguay porque el coste de vida y de los cursos es menor, explicó a Efe Álvaro García, un angoleño matriculado en la Universidad de San Lorenzo.

Un intercambio favorecido por convenios educativos internacionales que atrae a unos 2.000 estudiantes brasileños y unos 500 de Angola cada año, según datos facilitados por la Dirección General de Migraciones.

Y es que hacer un máster en Paraguay, en casi cualquiera de las disciplinas ofrecidas por las más de 50 universidades privadas que hay, cuesta de media unos 3.900 dólares en total.

A pesar del gasto en transporte y alojamiento, los brasileños y angoleños consideran más barato formarse en Paraguay y se convierten en los principales turistas de Asunción, fenómeno que beneficia al comercio y a todo el sector servicios de la ciudad.

Se trata de un negocio redondo que ha hecho florecer la oferta, a pesar de que no todas las instituciones que ofrecen cursos de este tipo están supervisadas por el Gobierno, según explicó la directora de Universidades e Institutos Superiores de Paraguay, Salvadora Giménez.

En 2006, con la entrada en vigor de una ley «muy permisiva», aparecieron en apenas cuatro años más de 30 universidades a las que ya no se les exigía que presentaran sus programas didácticos ni otros requisitos previstos en la anterior legislación, destacó la funcionaria.

Caminando por la capital paraguaya, es frecuente encontrar universidades que no ocupan ni 100 metros cuadrados, conocidas como «universidades garaje», cuya principal atracción son las carreras de Derecho.

El Ministerio de Educación y la comunidad universitaria están reglamentando una ley aprobada en 2013 que pretende poner coto a las instituciones fraudulentas que han aparecido en los últimos tiempos.

Al mismo tiempo, investiga a varias universidades donde hubo denuncias de irregularidades, y está completando el primer catastro a nivel nacional para saber por primera vez cuál es la oferta académica presentada en todo el país.

La Universidad Sudamericana fue intervenida este mismo mes después de que hace más de un año alumnos de la carrera de Medicina en la ciudad de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil, denunciaran falta de preparación de los profesores.

El Gobierno investiga ahora si la universidad tenía la habilitación necesaria para ofrecer ese curso y otros, según la directora de Universidades e Institutos Superiores.

Otras instituciones que han sido intervenidas recientemente son la Universidad Nacional de Pilar y la de Villa Rica del Espíritu Santo, así como los institutos superiores Santa Librada y Latinoamericano, según el Ministerio de Educación..

La más prestigiosa y exclusiva de las instituciones educativas privadas del país, la Universidad Católica, también se vio salpicada por un escándalo reciente. Alumnos de la carrera de Derecho denunciaron la compra-venta de notas en una presunta trama que implicaba a profesores y administrativos, recordó Giménez.

La propia universidad intervino y varios estudiantes de las familias más acaudaladas del país fueron expulsados, así como los trabajadores implicados.

El Ministerio de Educación pretende que la nueva ley eleve la calidad de la educación superior en el país, tanto para nacionales como para extranjeros, y prevé reglamentar la educación a distancia, algo que podría mejorar el actual modelo.

(*) Agencia EFE/ lainformacion.com