El parlamento aprobó la emisión de bonos soberanos por 750 millones de dólar endeudando de sobremanera al país y pateando al futuro su cancelación.
Esta emisión de bonos corresponde a una ampliación de la Ley 5142 de enero de este año, más conocido como Ley de Presupuesto General de la Nación y su importe será destinado para paliar el déficit de los siguientes entes públicos: Ministerio de Obras Públicas (MOPC), US$ 350 millones; Administración Nacional de Electricidad (ANDE), US$ 100 millones; Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), US$ 100 millones; Industria Nacional del Cemento (INC), US$ 67 millones y Ministerio Agricultura y Ganadería (MAG) US$ 50 millones. Los restantes US$ 83 millones será destinado a nuevos emprendimientos que sean proyectados más adelante; y que deberán ser aprobados por el Congreso Nacional.
Si bien en el organigrama del Ministerio de Hacienda figura la Dirección General de Presupuesto entre cuyas múltiples funciones el control de ejecución y evaluación financiera de los ingresos y gastos a través del Dpto. de Control y Monitoreo del Gasto Público, su eficacia deja mucho que desear para hacer el seguimiento de los entes que utilizan los recursos del país por lo cual resulta difícil evaluar si estos préstamos tienen un impacto positivo en su funcionamiento o son simples botines de guerra a los cuales nos tiene acostumbrados los organismos estatales de nuestro país.
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