Edgar Acosta, secretario de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Diputados del Paraguay, recibió a representantes del Centro de Importadores del Paraguay (CIP). 

Se analizó con ellos los alcances del proyecto que amplía y modifica la Ley que establece el régimen legal de las relaciones contractuales entre fabricantes y firmas del exterior y personas físicas o jurídicas domiciliadas en el Paraguay.

El proyecto fue presentado en el periodo legislativo anterior y busca, entre otras cosas, mejorar los controles y las exigencias a la hora de otorgar las firmas a quienes serán sus representantes dentro del país.

Los artículos que el proyecto pretende modificar son: 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º y 12 de la Ley N° 194/93, “Que aprueba con modificaciones el decreto-Ley N° 7 del 27 de marzo de 1991, por el que se establece el régimen legal de las relaciones contractuales entre fabricantes y firmas del exterior y personas físicas o jurídicas domiciliadas en el Paraguay”.

El documento establece pautas para el régimen legal por el cual se definen las relaciones contractuales para la promoción, venta o colocación dentro del país o de otra área determinada, de productos o servicios, proveídos por fabricantes y/o firmas extranjeras, o por fabricantes y/o firmas nacionales controladas por medio de representantes, agentes o distribuidores domiciliados en la República.

También fija las pautas de las indemnizaciones que correspondan con motivo del cese, modificación o prórroga, sin expresión de causa, de las relaciones contractuales.

Los representantes del Centro de Importadores del Paraguay, sin embargo, se mostraron en contra de modificar la Ley. La misma, según expresaron, funciona.

Adelantaron que presentarán por escrito los argumentos para la no modificación.

“A ellos no les gustaría cambiar las reglas de juego que se refieren a toda la representación, todo lo que significa representación de marca”, comentó el diputado Acosta, finalizado el encuentro.

Consideró interesante el proyecto, porque busca establecer mayores controles y mayores requisitos. “Vamos a continuar con el estudio, solicitar la opinión de otras instituciones públicas y privadas, para luego emitir un dictamen”, concluyó