Desplazamientos en los Consulados del Paraguay en Argentina y Brasil

Cuando asume un nuevo gobierno, es práctica habitual que la cancillería paraguaya determine cambios -cesantías y promociones- en los cargos diplomáticos y consulares en todo el mundo, que hayan sido designados por cupos políticos sin ser de carrera e, incluso siendo de carrera habiendo cumplido su plazo de permanencia en el cargo para el que fueron designados.

 Así, por decreto N° 654 del Poder Ejecutivo del 19 de noviembre (ayer) fueron cesanteados cuatro funcionarios en los consulados del exterior: tres de Argentina y uno en Brasil. En este último fue el turno del Cónsul de Ponta Pora. Arturo Urbieta

En Argentina, hubo dos cónsules que ejercían su cargo en Puerto Iguazú: Magno Álvarez y Blas Domínguez. En Buenos Aires el desplazado fue Jorge R. Riquelme. 

En solidaridad y defensa de este último, muchísimos compatriotas residentes,  se están auto convocando –por whatsapp- para concentrarse el viernes 23 del corriente a la 18 horas frente a la embajada del Paraguay en Argentina, Av. Las Heras 2545 de la ciudad de Buenos Aires.  

Loable actitud de solidaridad que posiblemente no resulte ser más que un gesto simbólico, para hacer sentir a nuestras autoridades diplomáticas su disconformidad ante dicha medida, teniendo en cuenta el horario de la convocatoria, ya que el lugar dónde se realizará cierra sus puertas a las 16 horas. Lo ideal hubiera sido que esta protesta sea realizada, por razones de jurisdicción, frente al Consulado General del Paraguay ubicado en la calle Viamonte 1851 casi Av. Callao. 

No obstante, es plausible -e inédito- que nuestros connacionales salgan a pedir la permanencia de un cónsul en su cargo cuando lo históricamente habitual era que demandaran su renuncia. 

Lo que nos lleva a pensar que el accionar de Jorge Riquelme era satisfactoria y  bien visto por un gran número de compatriotas, quienes han comprobado que su desempeño era bueno como asimismo la tarea llevada a cabo por el cesanteado era beneficiosa para toda la comunidad.

Sin embargo, vemos difícil que que gobierno de nuestro país anule dicho decreto presidencial.