PARAGUAYOS EXPLOTADOS EN CHILE

La escalofriante denuncia efectuada por varios compatriotas que huyeron de una localidad del centro sur de Chile en la que habrían sido obligados a trabajar en condiciones de esclavitud, tomó por sorpresa a las autoridades del gobierno paraguayo que reaccionaron tardíamente y sin asumir convenientemente la defensa de nuestros connacionales. Enteradas de lo sucedido, sólo se limitaron a realizar declaraciones contradiciendo incluso a las propias autoridades chilenas.

Mientras la ministra del trabajo condenaba enérgicamente la captación y engaño a ciudadanos extranjeros para trabajar en este país, afirmando categóricamente: “más allá de un caso laboral pasa a ser un caso penal», la embajadora de Paraguay en Chile, relativizaba lo sucedido, dando a entender a los medios de comunicación que todo estaba aclarado y que existía el compromiso del empresario sindicado como responsable de la traída de al menos 200 compatriotas, de cancelar los días trabajados y los respectivos pasajes de regreso a Paraguay.

Paralelamente, el cuestionado Francisco Javier Errázuriz Talavera (descendiente de paraguayo por línea materna) refiriéndose a los denunciantes señalaba tajantemente: «a esas personas no les vamos a pagar ni un centavo porque no les corresponde. No han trabajado nada, ni han hecho nada. No han ido a cursos de capacitación”.

Hubo incluso importantes autoridades políticas que reafirmando la postura del ejecutivo chileno fueron más allá: «Aquí hay un problema de derechos humanos no sólo laborales y de extranjería», señaló en conferencia de prensa la diputada Antonieta Saa, del Partido por la Democracia PPD.

A esta altura, resulta incomprensible que las autoridades del poder ejecutivo paraguayo, no hayan tomado las medidas correspondientes para prevenir este caso, toda vez que personalmente advertí el año 2009 de esta situación -mediante informe escrito a la Cancillería- amparada en un estudio realizado en ocho regiones de este país el año 2008 por la Organización Internacional de Migraciones de Chile, en el que se constataba que las mujeres paraguayas son las más explotadas laboralmente teniendo en cuenta todas las nacionalidades de migrantes.

Por otra parte, resulta por decir lo menos extraño, que nuestras autoridades diplomáticas una vez efectuada esta grave denuncia de supuesta trata de personas paraguayas en Chile, -que incluye al menos a dos menores- en lugar de condenar el hecho y preparar una férrea defensa de la dignidad de nuestros connacionales, hayan optado más bien por relativizar los acontecimientos bajando el perfil a esta delicada acusación. A la vez que surgen muchas otras preguntas que requieren ser aclaradas: ¿Cuántos fueron realmente los paraguayos y paraguayas traídos a Chile por este cuestionado empresario? ¿Qué cantidad de compatriotas trabaja en este país y en qué condiciones se encuentra? ¿Por qué no existe aún un registro de connacionales que de cuenta de su situación social y la de sus familiares?

Al parecer con la única excepción de la Fiscala Teresa Martínez, quien si ha cumplido con su tarea de acoger las denuncias y defender los intereses de nuestros compatriotas, los paraguayos y paraguayas residentes en el exterior, la mayor parte de las veces -como en este caso-, recibimos más ayuda y respaldo de personas e instituciones extranjeras que de nuestras propias autoridades…

Marta Vera Antonelli
Abogada paraguaya residente en Chile
http://entrepoliticas.blogspot.com