Marta Vera Antonelli (*)

(mbvera@gmail.com)

El rechazo por parte del Senado al presupuesto destinado a la inscripción en el registro electoral de los paraguayos residentes en el exterior, continúa generando todo tipo de reacciones en las organizaciones de migrantes que el pasado 9 de octubre, celebraron como un hito histórico el resultado del Referéndum que aprobaba el derecho a voto desde el extranjero.

Si bien podría resultar hasta comprensible la decisión de los miembros de la Cámara Alta de rechazar el presupuesto de 65 mil millones de guaraníes solicitados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), -especialmente considerando las innumerables necesidades de un Estado como el nuestro-, el asunto es bastante más delicado y complejo de analizar.

Por de pronto, las inscripciones realizadas parcialmente en tres países por personeros del TSJE: Argentina, España y Estados Unidos, serían bajo todos los preceptos, inconstitucionales. El hecho reviste aún mayor gravedad si se considera que el procedimiento fue impulsado y con ello avalado, por el propio Presidente de la República, quien junto a una comitiva integrada entre otros por el titular de la Cámara de Diputados, encabezó el acto de lanzamiento de la Campaña de Inscripciones en Buenos Aires.

A este respecto cabe consignar que no hubo ley que reglamentara el proceso de inscripción, tampoco modificación del Código Electoral, ni mucho menos existe claridad acerca de las autoridades que los electores en el extranjero podrán elegir, la forma y lugares de votación, etc. Aun así, se decidió iniciar aceleradamente la Campaña… y como era de esperar, el procedimiento -que más bien fue planeado como un grosero negociado que incluyó pasajes, viáticos, alojamientos- concluyó en un estrepitoso fracaso, se logró inscribir en total a solo 20.000 compatriotas residentes en aquellos tres países que concentran la mayor cantidad de migrantes paraguayos. (Sobre 700.000).

 ¿Pero cuáles serían las posibilidades de destrabar este conflicto?

En primer término correspondería a los miembros de las organizaciones de paraguayos en el exterior, recurrir de inconstitucionalidad a la Corte Supremade Justicia, de forma tal de anular el proceso, pedir que se sancione a los responsables de su ejecución y solicitar el reembolso de los millonarios recursos destinados a esta fracasada aventura. De no prosperar dicha reivindicación, sería necesario acudir a organismos internacionales para hacer valer la voluntad ciudadana expresada en las urnas el pasado 9 de octubre.

Simultáneamente, se debería iniciar un trabajo con parlamentarios de las distintas bancadas, con la finalidad de elaborar una normativa jurídica que sirva de marco para el desarrollo de un nuevo proceso que posibilite la inscripción en el padrón electoral de los compatriotas residentes en el exterior, a la vez de garantizar su derecho a sufragar. Para ello es necesario considerar que al no existir registro de paraguayos residentes en el extranjero, resulta absolutamente inviable plantear como opción válida la inscripción automática de los migrantes en el exterior, tampoco es posible suponer que las embajadas y consulados puedan asumir una tarea de esta envergadura. Los funcionarios no se encuentran técnicamente preparados, solo existen sedes diplomáticas en algunas de las ciudades más importantes del mundo y difícilmente, se podría garantizar la imparcialidad y transparencia del proceso.

En tanto sería responsabilidad de las autoridades del TSJE abocarse cuanto antes a buscar soluciones alternativas que permitan brindar solución definitiva a esta grave situación, como por ejemplo, la incorporación de un registro electrónico basado en el desarrollo de un software especialmente diseñado para este efecto, que permitiera tanto la inscripción de los compatriotas residentes en el exterior, como posteriormente la emisión de votos electrónicos. Este sistema, –que en la actualidad es utilizado para las votaciones en países como Holanda, España y Suiza-, resulta comparativamente mucho más económico que establecer un procedimiento de inscripción personalizada y permitiría además, facilitar el registro de nuestros compatriotas desde cualquier lugar del planeta, ya que solo requiere conexión a Internet.

No obstante, resulta en extremo difícil vislumbrar la forma en que será posible llevar a cabo este conjunto de tareas imprescindibles para efectivizar el derecho a voto de quienes residimos en el exterior, al menos dos fuerzas conspiran para ello, el ambiente social y político marcado por las pugnas electoralistas al interior de los bloques políticos de gobierno y oposición y, la débil concertación y escaso respaldo y reconocimiento con que cuentan las organizaciones de migrantes.

(*) nota publicada el 14 de enero en el blog que la autora tiene en el diario abc.color del Paraguay.

N. de R. Marta Vera Antonelli es una abogada paraguaya residente en Chile desde 1994. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción y candidata a Magíster en Ética Social y Desarrollo Humano por la Universidad Jesuita Alberto Hurtado de Chile.
Cuenta con una amplia experiencia profesional en el área de la Educación en Derechos Humanos. Asistió a diversos cursos y seminarios internacionales.
Ha coordinado varias instituciones dedicadas al tema y, es además, autora de una serie de publicaciones relacionadas con Educación y Derechos Humanos.

Tiene, además, un blog personal: http://www.mbvera.blogspot.com