Declaración del “Congreso Permanente de la Migración Paraguaya en la Argentina”

El tema del empadronamiento automático a partir de la mayoría de edad en forma universal se ha convertido en un objetivo central para el futuro de la democracia paraguaya y para la aplicación de iguales derechos a todos los ciudadanos de nuestro país, especialmente para aquellos que forman parte de nuestra gran comunidad migrante.

El principal obstáculo para los cambios en relación a este tema es el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de la República del Paraguay, que insiste en el obsoleto método del empadronamiento manual voluntario, pues con eso justifica la presencia de más de 1500 funcionarios de planta y una cifra de 8000 “contratados”, planilleros, o punteros que de este modo debe pagar el Estado paraguayo. Han llegado a ser 17.000 y para volver a tener esa cifra de contratados se les aceptó un refuerzo, aprobado en Diputados, de 50 millones de dólares, actualmente en tratamiento en el Senado. También han recibido un aumento por asumir la presidencia pro tempore de los Consejos Electorales del Unasur.

Alegando falta de presupuesto, el TSJE ha decidido no inscribir en el 2012 en el exterior, medida discrecional y anticonstitucional.

Se le consiente todo. Lo que acaba de colmar la medida es el pedido del TSJE de 15 millones de dólares para abrir oficinas en el exterior, cuando ya existen embajadas y consulados en todo el mundo, esto incluido en el refuerzo del presupuesto de 50 millones de dólares. Esto es abiertamente ilegal, pues el Código Electoral Paraguayo lo prohíbe. Solo pueden actuar en territorio nacional, considerando como tal en el exterior, las embajadas y consulados.

La pretensión de crear una tercera estructura en el exterior es irracional. Algo concebible para un país que tiene otras prioridades, como en todo caso reforzar los presupuestos sociales.

Quieren fingir que “empadronan”, como sucedió en la Argentina donde en un corto plazo de 40 días a fines del año 2011, enviaron 14 funcionarios para empadronar a casi 600.000 personas: finalmente empadronaron a 14.700.

 Es evidente que es necesario modificar de raíz al TSJE y habilitar a las representaciones consulares a empadronar.

En todo caso reforzar estas estructuras, perfectamente idóneas. Por ejemplo, el Estado italiano obliga a las representaciones consulares a llevar un censo permanente de los residentes en el exterior que, cuando hay convenio con el país de residencia, permite el voto del residente en el exterior por correo. Las estructuras consulares, que deberían ser reforzadas, cumplen con todos los requisitos de idoneidad para llevar un censo permanente que suponga la inmediata incorporación al Registro Cívico Permanente y al padrón electoral.

El control partidario de estas estructuras les quita el componente de imparcialidad imprescindible.

Es elemental. El TSJE debe ser transparente e imparcial, cosa imposible con miles de planilleros y punteros que promueven sus intereses partidarios por sobre los generales, lo que es totalmente desaconsejable

 Se trata de un modelo partidocrático, de una democracia restringida, que deja a millones de electores afuera con total impunidad, con lo cual sesgan, deforman, y condicionan los resultados electorales.

Es preocupante que el TSJE, cuya credibilidad ha quedado seriamente afectada por su decepcionante «empadronamiento» en el exterior, pretenda continuar adelante sin cambios. El resultado fue el esperable, con la inscripción de una ínfima parte de los potenciales electores. Es notable el cinismo de sostener que eso se debió a la falta de interés de los compatriotas, cuando decidieron ir a solo tres países, dejando afuera de posibilidad alguna a los connacionales del resto del mundo. Brasil, por ejemplo, país limítrofe y con una importante colectividad paraguaya, no mereció la menor atención.

Una actitud muy cuestionable por parte del TSJE, que se maneja en forma arbitraria de acuerdo a mandatos partidarios. Representa toda una mentalidad política, anclada en el pasado y que se resiste a los avances democráticos.

Insistimos que el TSJE debe ser independiente, transparente, creíble e imparcial, dando garantías a todos los electores. No es su situación actual.

Saludamos como un enorme paso adelante la reciente aprobación de la ley 4559/11 de empadronamiento automático para quienes cumplen la mayoría de edad, pero que se debería reglamentar para todos los mayores de 18 años, para que no sea excluyente.

También, insistir en que la democracia no es una cuestión de edad: hay cientos de miles de electores en el Paraguay fuera del padrón, lo cual afecta la representatividad de las instituciones y es contrario a expresos mandatos constitucionales. El reciente caso de la enmienda del artículo 120 de la Constitución Nacional, que habilita el voto del exterior, invalidado de facto por el TSJE, es un caso evidente del incumplimiento de un principio constitucional.

Puede parecer muy elemental, pero es evidente que el cumplimiento de la Ley Supremade la Nación no es optativo y que las leyes y Códigos no pueden entrar en contradicción con ella.

Menos, que un organismo como el Tribunal Superior de Justicia Electoral, decida por “limitaciones presupuestarias” incumplir la Constitución Nacional e impedir, con argucias operativas, el ejercicio del derecho del elector.

Condenamos severamente estas prácticas no democráticas y lucharemos contra ellas con todas nuestras fuerzas. También, la malicia que atribuye estos “gastos” a nuestra condición de migrantes, olvidando que las remesas, un cuantioso flujo directo de ayuda desde el exterior a los familiares que permanecen en el Paraguay, reconocido y aceptado como tal, es de cientos de millones de dólares anuales.

Creemos que el Poder Ejecutivo debe restablecer equilibrios que hoy vemos perdidos y vetar, sin más trámite, este saqueo de las exiguas arcas del estado paraguayo y propiciar el Empadronamiento Automático y Universal, de bajo costo, haciendo los convenios necesarios para el acceso a las bases de datos existentes en los países del Mercosur, en particular la República Argentina, donde nos consta que existen censos oficiales y se concentra la mayor población migrante paraguaya del mundo. Además, utilizar las que ya tiene el Paraguay. Esto no tendría costo económico alguno, más que la voluntad política de llevarlo adelante. Esto exigimos como ciudadanos comprometidos con el futuro de nuestro país.

 Comité Ejecutivo

Buenos Aires, 13 de abril de 2012